Con 9 votos a favor y dos en contra (Loretta Ortiz y Lenia Batres), la Corte determinó infundado el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar la versión pública de la información en su posesión acerca de la contratación del malware de espionaje Pegasus.
Con 9 votos a favor y dos en contra, el pleno del Máximo Tribunal ordenó a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparentar las operaciones financieras relacionadas con los contratos del gobierno mexicano para adquirir el malware de la empresa israelí NSO Group.
Así determinó el Pleno del Máximo Tribunal ante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Esto después de que la UIF y Hacienda respondieran a solicitudes de información que los contratos en cuestión se encontraban reservada por cuestiones de seguridad nacional.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó modificar la respuesta y pidió entregar la versión pública de lo solicitado.
Ante esto, la Consejería promovió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional (26/2021 y 27/2021) ante la Suprema Corte.
Con la resolución de este martes, se confirma la resolución del INAI y se declara infundado el recurso de revisión.
Los ministros que votaron a favor consideraron que ofrecer una versión pública de los contratos no afecta la seguridad pública.
En contraste, votaron en contra la ministra Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, quien fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre.
Durante la sesión, Ortiz Ahlf argumentó que existen elementos suficientes para justificar la reserva por motivos de seguridad nacional, ya que, pese al interés público que generaron los casos de espionaje realizados por las Fuerzas Armadas, los contratos también incluyen acciones de inteligencia relacionados con la seguridad nacional.
A su vez, Batres calificó como “incongruente” la resolución del INAI, que ordenó a la UIF y Hacienda dar a conocer los contratos en cuestión.
“No analizó la naturaleza de la información dentro del contexto de las tareas de inteligencia y contrainteligencia que lleva a cabo la UIF”, dijo.
En el caso Pegasus, los reportes que tiene la UIF fueron generados como parte del ejercicio de sus actividades de inteligencia y contra inteligencia respecto del sobreprecio con el que presumiblemente fue adquirido.
En contraste, Luis María Aguilar reiteró que la información debe considerarse pública, ya que solamente se dará a conocer el procedimiento de contratación.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara dijo que es infundado el recurso de la Consejería y recordó que con el malware se ha realizado espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y otros.
“En este caso me parece evidente que el interés público resulta mayor. Más aún, tal como lo desarrolla el proyecto, la autoridad recurrente no comprobó que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real”, declaró.
La resolución de este martes del Máximo Tribunal fue celebrada por distintas organizaciones, incluidas R3D.
Distintas investigaciones periodísticas han revelado el uso del malware Pegasus por parte del Gobierno y de las Fuerzas Armadas para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
A mediados de enero, se llevó a cabo el primer juicio por su uso, en el caso de espionaje contra la periodista Carmen Aristegui.
El año pasado, la investigación Ejército Espía reveló que durante la actual administración también se han llevado a cabo casos de espionaje, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se habían detenido.