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Por Pascal Beltrán del Río 

El presupuesto anunciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2018 ha sido muy mal recibido en la sociedad mexicana, que trata con una gran desconfianza casi cualquier ejercicio del gasto público, especialmente por montos como el que se dio a conocer y, sobre todo, cuando éstos se destinan a los partidos políticos.
La manera tan descuidada y abusiva de usar los recursos públicos por parte de los gobiernos de todos los niveles está en el centro de la indignación ciudadana.
Pero antes de analizar si es mucho o poco la cantidad de 25 mil millones de pesos que costarán las campañas y las elecciones en 2018, es justo apuntar que el INE no decide ese gasto, sino son los propios partidos a través de sus representantes en el Congreso de la Unión, quienes, entre otras cosas, han aprobado las leyes en la materia.
Pero regresemos al papel del INE en el ejercicio del gasto.
En números redondos, las elecciones federales de 2018 costarán, como decía, casi 25 mil millones de pesos. De éstos, casi 6.8 miles de millones serán para los partidos y 18.2 miles de millones para los gastos del instituto.
El viernes pasado, en entrevista para Imagen Radio, el consejero electoral Ciro Murayama me dijo que una de las explicaciones del incremento presupuestal que había pedido el INE se derivaba de las mayores responsabilidades que habían recaído sobre él a raíz de la más reciente reforma electoral, que se las quitó a los institutos locales porque la oposición estaba inconforme con el control que los gobernadores ejercían sobre ellos.
Eso produjo, como decía, mayores responsabilidades para el INE, entre las cuales está instalar la totalidad de las urnas electorales que se abrirán en el país el 1 de julio de 2018, no sólo las que captarán el voto para cargos federales, sino también las de las elecciones locales concurrentes que habrá en 30 de las 32 entidades.
Hasta ahí el argumento no suena mal, aunque a mí algunos rubros del presupuesto solicitado por parte del INE me parecen, de entrada, muy altos. Por ejemplo, los casi 744 millones de pesos para “fortalecer la cultura cívica”.
Pero volviendo a las nuevas responsabilidades del INE, me parece que hay un punto muy flaco de la argumentación, que habría de cargar a los institutos estatales, ahora conocidos como Organismos Públicos Locales Electorales.
Si el INE se va a encargar de cosas que antes hacían los OPLE, ¿cómo se explica que algunos de ellos –de los que sabe hasta ahora– estén pidiendo un incremento en su presupuesto para los comicios de 2018?
Tomemos el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el OPLE de la entidad con el listado de votantes más grande del país.
El año pasado, el IEEM tuvo un presupuesto total de dos mil 228 millones de pesos, de los cuales mil 402 correspondieron a la organización electoral de los comicios para gobernador y 826 millones para las prerrogativas de los partidos en el estado.
Por cierto que para el rubro de “servicios personales”, de donde se paga la nómina del instituto, se asignaron 826 millones de pesos.
Uno pensaría que el presupuesto para 2018 solicitado por el IEEM bajaría, pues el INE se ocupará ahora de varias de sus funciones. O digamos que se mantendría, considerando que el año entrante habrá dos procesos electorales locales en la entidad: para renovar ayuntamientos y el Congreso estatal.
Pero no. El presupuesto solicitado por el IEEM para 2018 subió respecto de 2017. Y no una bicoca.
El organismo mexiquense está pidiendo dos mil 763 millones de pesos, es decir 535 millones de pesos más (24% de incremento). De esa cantidad, mil millones 822 corresponden a la organización electoral y 941 millones a los partidos. Para el rubro de “servicios personales” se está pidiendo la cantidad de mil 195 millones.
Esta desenfrenada expansión del gasto es lo que Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE (hoy INE), ha calificado de “gigantismo electoral”.
Entonces, ¿a quién le quiere tomar el pelo los partidos? A usted y a mí. Las elecciones de 2018 no costarán 25 mil millones de pesos, sino probablemente unos 40 mil millones de pesos, considerando lo que pidan los OPLE y sin contar lo que cuesta la parte contenciosa de los comicios.
Si vamos a analizar el costo electoral y discutir si eso es lo que se requiere, al menos debemos conocer la cifra total.

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