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Por Salvador Mejía

En los primeros días casi cualquiera sabía tres cosas:
1.- Que la OFAC tiene como misión congelar cuentas bancarias y bienes de aquellas personas y empresas que, a su juicio, se encuentren vinculadas con la delincuencia organizada, sin ser necesaria una acusación formal (una persona puede ser incluida, pero jamás enfrentar una acusación penal en Estados Unidos). La muerte financiera en pocas palabras.
2.- Que las cuentas y propiedades localizadas en Estados Unidos de Rafael y de Julión serían congeladas y que sus visas fueron revocadas.
3.- Que la OFAC, la DEA et al no necesariamente trabajaron de la mano de las autoridades mexicanas, por ello se vieron obligadas a reaccionar congelando, vía la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas de ambos previo simulacro de un acercamiento con la autoridad; vamos, resulta casi imposible validar la idea de que estaban al tanto de la investigación y aun así permitieran que el Presidente de la República subiese fotos a Instagram con Julión Álvarez unos días antes del anuncio y que diferentes Secretarías no interrumpieran las donaciones a la fundación de Rafael Márquez que llegaron a sumar más de 115 millones de pesos.
Hasta ese punto todo se desarrollaba conforme a lo “normal” en estos casos y así lo señalé en muchas entrevistas; sin embargo, me equivoqué. Alrededor del 22 de agosto nos enteramos que el contenido digital de ambos comenzó a ser removido de las plataformas donde se alojaba, olvidamos analizar una consecuencia poco conocida de una de las tres sanciones de la OFAC: la prohibición para que cualquier ciudadano norteamericano mantenga relaciones comerciales con las personas y/o empresas incluidas en esta lista.
Tal prohibición pasó por debajo del radar, ya que usualmente las personas y empresas designadas o no tienen contenido digital que defender o no son lo suficientemente mediáticas como para que eso se vuelva una noticia, pero éste no fue el caso. Efectivamente, el análisis lo centramos, amén de las cuentas bloqueadas, en la posibilidad de que Márquez no pudiera asistir a los partidos que la Selección Mexicana disputase en Estados Unidos, que sus patrocinadores norteamericanos cancelaran sus contratos y/o que las donaciones a su fundación aportadas desde allá fueran interrumpidas y, por la parte de Álvarez, nos concentramos en que éste no pudiera cumplir con sus contratos en territorio norteamericano.
Efectivamente, una consecuencia que no habíamos atestiguado del ser incluido en la OFAC es que si tienes tu sitio web hospedado en un servidor norteamericano, si tienes un perfil en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, si tienes material de audio y video en YouTube, Spotify, Apple Music y/o cualquier otra plataforma estos serán dados de baja. Recordemos que todas estas empresas son o tienen participación norteamericana; vamos, no podrían aceptarles los pagos por el servicio o a su vez pagarles las regalías correspondientes por su material.
El análisis más elemental de administración de riesgos nos lleva a afirmar que en una época en la que nuestra “huella digital” es tan valiosa como nuestra cuenta de banco, al concepto de “muerte financiera” debemos agregarle la de “muerte digital”. Por ello, y considerando que la OFAC en la era de Trump puede (y creo que así será) ser potencializada, he recomendado a mis clientes incluir en sus Business Continuity Plans las acciones necesarias para no perder el control en internet de sus dominios y contenidos digitales.
¿Quién debe preocuparse por esto?
Técnicamente todos en México, ya que nunca debemos olvidar que al ser los “bad hombres” siempre estaremos en posibilidad de ser designados inclusive erróneamente por la OFAC; sin embargo, algunos tienen más riesgos que otros, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en Jalisco seguramente aportará en algún momento más nombres a esa lista; no olvidemos que desde hace ya rato se señaló a Guadalajara como “la capital del lavado de dinero en México”. De igual manera, los equipos de futbol y la industria del entretenimiento podrían verse afectados, los palenques, videohomes y demás han levantado sospechas desde siempre.
Sin embargo, seamos honestos, al empresariado mexicano le importa muy poco proteger su operación y no será sino hasta que nuestros legisladores decidan arreglar la Ley Antilavado y amplíen el catálogo de “actividades vulnerables” al estilo colombiano (clubes de futbol, campañas políticas y hospitales, entre otros negocios), que estos comenzarán a implementar protocolos de gobierno corporativo, siendo irónicamente la medida idónea para evitar ser sancionados por la OFAC o evitar que los bancos ejecuten sus tristemente célebres e ilegales “congelamientos preventivos de cuentas”.
Aprovechando, ¿ningún banco detectó anomalías en las empresas de Rafael Márquez y Julión Álvarez?

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