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POR MARIANO RUIZ FUNES

Como resultado de los sismos que afectaron al país el mes pasado, se ha desatado una enorme numerología acerca del valor de los daños ocasionados, el costo de la reconstrucción y los efectos económicos de ambos procesos (destrucción y reconstrucción), en particular para el crecimiento del PIB. Un recuento incompleto en los últimos diez días: en el país se dañaron cerca de 150 mil viviendas y hay 250 mil personas sin vivienda (según declaraciones de la Sedatu); más de mil 500 monumentos históricos con afectaciones (INAH); en la CDMX se derrumbaron más de 50 edificios, 320 se encuentran en “grave riesgo” por lo que tendrán que demolerse y existen daños en siete mil 500 inmuebles (jefe de Gobierno); hay 12 mil 900 escuelas afectadas en el país y 577 tendrán que reconstruirse (secretario de Educación); y quedarán inutilizables al menos nueve edificios del gobierno federal.
El Inegi publicó una encuesta telefónica a empresarios con las supuestas afectaciones a unidades económicas, levantada sólo diez días después del segundo sismo, en la que reporta que 16 por ciento registró daños en las entidades afectadas, 10 por ciento recibió algún tipo de apoyo y que 60 por ciento no suspendieron actividades, en tanto que 26 por ciento las suspendió entre uno y dos días. Parecería una encuesta prematura y poco útil para la toma de decisiones; ojalá se repita el ejercicio con mayor confiabilidad.
En el ámbito económico, la empresa especializada EnkiResearch estimó los daños en 10 mil millones de dólares, equivalentes a 0.9 por ciento del PIB, sin dar a conocer las bases de la estimación; y diversas instituciones financieras (Banco Base y Citibanamex) calcularon que el crecimiento del PIB se reduciría entre 0.2 y 0.4 por ciento en 2017, también poco confiables, mientras que BBVA Bancomer ratificó que no modificaba sus proyecciones. Por otra parte, el presidente Peña declaró que el costo de la reparación de los daños se estima de manera preliminar en 54 mil millones de pesos —sin detallar qué y en dónde— y que ya se disponía de 43 mil millones de recursos federales, a lo que se agregarían 9.4 mil millones del fondo de desastres de la CDMX y casi 10 mil millones de aportaciones privadas nacionales y del extranjero. La danza de las cifras.
En ese marco, como lo hacen diversos autores que han analizado “la economía de los desastres naturales” (por ejemplo, Eduardo Cavallo e Ilan Noy en IDB Working Papers 124, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, mayo de 2010), conviene distinguir entre los efectos directos y los indirectos de un desastre natural. Lo primeros incluyen los activos fijos y el capital (incluyendo viviendas e infraestructura), daños a insumos y recursos naturales, así como la mortalidad y morbilidad causadas de manera directa; los indirectos se refieren al efecto en la actividad económica (que es un flujo), en particular a la pérdida de producción de bienes y servicios como resultado del desastre, y a la pérdida de ingresos correspondiente. A la fecha, los análisis elaborados no parecen tomar en cuenta esa tipología y mezclan pérdidas de capital con reducciones en los flujos de la economía. Además, y muy relevante para nuestro caso, concluyen que no hay evidencia de que en desastres naturales “moderados” como fueron los sismos recientes, y aún el de 1985, se afecte la trayectoria de crecimiento de la economía, pero tampoco que se acelere en la reconstrucción.
Más allá de la evidente necesidad de hacer un censo de los daños, esos autores apuntan varias lecciones relevantes, como el “riesgo moral” que se puede generar con las medidas de mitigación de los efectos de los desastres (ojo con la forma en que se apoya a los damnificados en sus viviendas, al otorgar tarjetas para construcción o pago de rentas) y la necesidad de replantear los usos de suelo para limitar la densidad de población en zonas susceptibles de desastre (el caso de la Roma-Condesa es evidente). Tenemos mucho que aprender para medir y actuar en desastres.

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