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Por Jaime Arizmendi

La defensa desde adentro… Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó esta semana que Donald Trump presentará en breve su plan con “principios específicos” que le “gustaría ver en una reforma migratoria responsable” redactada por el Congreso; al interior de la vecina nación estados plantean acciones para enfrentar las políticas antiinmigrantes implementadas desde Washington.
En la propuesta enviada al Congreso de Estados Unidos –aclara la vocera– no figura de forma específica la búsqueda de una solución para los 800 mil jóvenes indocumentados que han evitado la deportación y obtuvieron permisos de trabajo gracias al DACA, programa ejecutivo establecido por el gobierno de Barak Obama al cual Trump le puso fin en septiembre pasado.
Al interior de EU se realizan importantes esfuerzos estatales para enfrentar las políticas antiinmigrantes del presidente Trump, como la “Ley Confianza”, de Illinois, que prohíbe a los agentes locales detener a personas con base en su estatus migratorio y limita la cooperación de sus policías con agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Así lo expone el análisis “¿Estados santuario?: el caso de Illinois y la ley SB31”, realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de México. Acota que esas medidas buscan impulsar políticas que beneficien y respalden a la comunidad migrante en EU; y enfrentan otras legislaciones surgidas de estados gobernados por republicanos, como la ley SB4, en Texas.
El documento destaca que la comunidad migrante en EU ha fungido como una de las bases del tejido social desde los inicios de la conformación de la Unión Americana. “A través de los años, los diferentes estados del país han presenciado el crecimiento de estas comunidades en sus territorios, las cuales han acompañado tanto a la economía local como a la nacional, y contribuido a la actual sociedad multicultural que habita en Estados Unidos”.
Y es que en últimas décadas, estados como California, Nueva York e Illinois, entre otros, han visto un incremento en sus comunidades de inmigrantes no documentados, cuando ellosimpulsan la economía principalmente por su disposición de aceptar empleos con salarios bajos, los cuales son indispensables para equilibrar sus balanzas económicasestatales.
Durante el periodo 2010-2014, las ciudades con mayor número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos fueron Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Houston y Dallas, Texas, metrópolis de gran importancia económica nacional, que han reconocido la relevancia de las aportaciones que las comunidades de inmigrantes otorgan a sus sociedades.
Chicago es una de las ciudades que tanto Donald Trump como el Procurador General Jeff Sessions, utilizan constantemente para referenciar entidades que supuestamente cuentan con altos índices de criminalidad en el país.
Según la investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, los casos de Illinois y California –donde se aprobó en días pasados la ley SB54 en el Congreso estatal– representan la continuación de esfuerzos subnacionales para hacer frente a las severas políticas contra la inmigración no autorizada de la administración Trump.
La inmigración no autorizada se ha criminalizado desde la campaña electoral del ahora mandatario estadounidense, y ha originado controversias entre estados y el gobierno, que pretende reducir el financiamiento federal a esas entidades, y que según la Casa Blanca no cumplen las disposiciones establecidas para regular tal inmigración indocumentada. El camino es aún largo y sinuoso…

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