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Por Jaime Arizmendi

Aunque ni antes, ni después… Infonavit y Fovissste deben verificar condiciones y características de casas antes de financiarlas. Hay viviendas construidas en basureros y sin infraestructura para aguas residuales; además, se debe pagar peaje para transitar. Obligarían a constructoras a contratar un seguro contra deficiencias estructurales de la vivienda o por afectaciones al medio ambiente.
La diputada priísta Laura Nereida Plascencia Pacheco exige que las instituciones públicas que otorgan crédito de vivienda verifiquen las condiciones y características de las casas de interés social, antes de autorizar el financiamiento; pues se llegan a construir en lugares que ponen en riesgo el patrimonio y la salud de los trabajadores y sus familias.
En una iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda, la legisladora alerta: hay diversos casos en que esos inmuebles se levantan en antiguos basureros, zonas donde el tránsito está condicionado al pago de peaje, o carecen de infraestructura básica para reducir el impacto ambiental por descargas de aguas residuales.
En otros casos, las edificaciones financiadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentran vacías y los fraccionamientos desolados, al no cumplir con la finalidad para la que fueron construidas.
Por ello, dichas instituciones, o cualquiera otra que dé créditos a los trabajadores, tienen el deber jurídico de vigilar que se cumpla el mandato constitucional de hacer que la vivienda sea digna y decorosa, y no permanecer ajenas a esta problemática.
Este año, Fovissste otorgará 37 mil 560 millones de pesos en créditos, para beneficiar más de 112 mil familias; e Infonavit prevé autorizar 460 mil créditos para la compra, remodelación o construcción de hogares, a los que se suman los financiamientos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Por todo ello, urge que todas las constructoras garanticen que las viviendas estén en condiciones necesarias para su uso óptimo, y contraten un seguro contra riesgos o daños derivados de deficiencias en la seguridad estructural, habitabilidad, eficiencia y sustentabilidad de la vivienda. “Esa ha sido otra gran problemática, pues nadie responde por los perjuicios causados”.
Actualmente, se contempla esa obligación sólo para las compañías que construyen las viviendas financiadas por el Infonavit, pero se debe generalizar para quienes desarrollen casas de interés social. Estas medidas pueden coadyuvar a que las empresas dejen de construir viviendas que limiten el uso y goce de los derechos de los trabajadores adquirientes.
Propone en su iniciativa un segundo párrafo del artículo 56 de la Ley de Vivienda, en que establezca que esos organismos informen a los particulares cuando en las casas no se garantice el tránsito sin cobro de peaje, y cuando se hayan edificado en suelos contaminados que pongan en riesgo la salud; y cuando incumplan la calidad de construcción señalada en la normatividad y/o en los desarrollos habitacionales.
O cuando en centros de población no se hayan implementado las medidas necesarias para la protección del medio ambiente; mientras que la autoridad municipal establecerá como requisito indispensable para la expedición de la licencia municipal de construcción la póliza que garantice la contratación de ese seguro.
En el artículo 73, sugiere estipular que las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores, deben observar los lineamientos de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno que establezca la Secretaría de Desarrollo Social.
También se deberá garantizar que se informe a los particulares cuando los desarrollos habitacionales se ubiquen en terrenos afectados por vialidades de peaje, y generen un costo extra para el tránsito de las personas; y adicionar el artículo 98 para estipular los casos en que se dará lugar a la revocación de permisos y licencias que expidan las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Recuerden, el 2018, es año electoral; de suma importancia para todos…

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