Partidos no podrán tener representantes en mesas de la Consulta Popular


La Sala Superior confirmó así una solicitud que en ese sentido realizó Morena al Instituto Nacional Electoral.

Los partidos políticos con registro nacional no podrán nombrar representantes en las más de 57 mil mesas receptoras que se instalarán el 1 de agosto con motivo de la Consulta popular, confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A diez días de este ejercicio que busca enjuiciar a políticos del pasado, el pleno aprobó el oficio emitido por el director ejecutivo de la Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en respuesta a la solicitud que en ese sentido hizo el partido Morena.

En sesión pública no presencial, los magistrados concluyeron que, contrario a lo que señalaba el partido político morenista, las direcciones ejecutivas del INE sí tienen facultades para dar respuesta a las consultas que les formulen.

Los magistrados también desestimaron la inconstitucionalidad que, se argumentaba, había en la adenda a los lineamientos establecidos para la consulta, en virtud de que no se impugnó en su momento.

Rechazan solicitudes de Aguascalientes

En otro asunto, la Sala Superior rechazó la solicitud del Instituto de Educación de Aguascalientes para que ocho de sus campañas estuvieran exentas de la veda de la Consulta Popular que inició el 15 de julio.

El pleno confirmó por unanimidad la decisión del INE, en el sentido de que los programas no cumplen con los criterios de necesidad y generalidad, pues están dirigidos a un sector en específico de la población, además de que tienen que ver con la entrega de recursos a la ciudadanía.

Se trata de los programas Beca de Permanencia, Apoyo a la Gestión Escolar, Beca Universitario al 100, Creciendo Juntos; Tutor al 100, Que Nadie se Vaya de la Educación y Uniformes Escolares.

La Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía de votar en las consultas populares, cuya promoción debe ser imparcial y ordena la suspensión de la difusión de toda propaganda de cualquier orden de gobierno.

Ello, salvo que tenga que ver con servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia.

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