Sheinbaum manda iniciativa para suspender presupuesto participativo


Con el objetivo de que las alcaldías puedan reorientar recursos económicos a diversas obras y acciones, el Gobierno de la Ciudad de México propuso al Congreso local suspender la aplicación de las partidas del Presupuesto Participativo correspondiente a 2020 y 2021.
Y es que para esos ejercicios fiscales, la instancia legislativa capitalina aprobó mil 395 millones 575 mil 576 pesos para 2020 y mil 420 millones 830 mil 825 pesos para 2021, monto que de darse el aval solicitado por las autoridades, podría ser utilizado por los alcaldes a su gusto.
Fue en una iniciativa con proyecto de decreto, que envió Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, a Patricia Báez Guerrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en la que propone modificar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021.
Durante su exposición de motivos, la mandataria mencionó que apenas hace un mes comenzó a realizarse la consulta para la aplicación del presupuesto participativo de 2020 y 2021, razón por la que apenas están “en proceso las convocatorias a las asambleas de información y selección, así como la conformación de los comités de Ejecución y de Vigilancia y, por tanto, la ejecución de los proyectos”, se lee en el documento.
Asimismo, Sheinbaum Pardo recalca en el escrito que la Ley de Participación Ciudadana establece en su artículo 119, que los retrasos en la ejecución del presupuesto participativo únicamente podrán justificarse por factores externos a la administración de proyectos o acciones, “lo cual es del conocimiento de todos, se actualiza en el contexto de la pandemia por Covid”, argumentó.
Por ello, enfatizó que dadas las condiciones sanitarias que prevalecieron durante el año pasado, así como las circunstancias de índole legal y por usos y costumbres que ha impedido la conformación de las Comisiones de Participación Comunitaria, “se propone que los recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021, puedan reorientarse a las finalidades y atribuciones que mandata la Constitución Local y la Ley Orgánica de las Alcaldías”.

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