VOTA SCJN EN CONTRA DE LEYES PARA CASTIGAR DELITOS FISCALES

La prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa son inconstitucionales, declara.

Con 8 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inválidas las modificaciones a las leyes para castigar los delitos fiscales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con la prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, usar facturas falsas y el contrabando.

Con ocho votos a favor y dos en contra (mayoría calificada), la SCJN consideró este lunes inválidas las modificaciones a las leyes para castigar los delitos fiscales, así como considerar delitos contra la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas, según reportó el portal Político.mx.

Las quejas fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición, en contra de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.

Las iniciativas fueron impulsadas por comisiones del Senado de la República a partir de una propuesta del senador Alejandro Armenta Mier, de Morena, y fueron aprobadas por la mayoría morenista pese al voto en contra de la oposición

El asunto fue controvertido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una minoría de integrantes de la Cámara de Senadores.

Arturo Zaldívar consideró que la prisión preventiva oficiosa es una sentencia adelantada que se aplica cuando todavía no se prueba la culpabilidad de una persona. La norma desvanece el derecho de presunción de inocencia, hay que tomarnos en serio los derechos humanos.

En tanto Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que la prisión preventiva oficiosa no coincide con estándares internacionales sino que se ha convertido en una figura controversial que funciona como un fallido intento de disuasión e intento de sanción anticipada, que afecta un derecho sustantivo de la libertad.

Por su parte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la prisión preventiva oficiosa debe ser un acto limitado y estricto, no se puede justificar cualquier ampliación argumentando un mayor dinamismo o aumentar la recaudación fiscal porque en ese caso podría calificarse prácticamente cualquier asunto.

En su oportunidad Javier Laynez Potisek sostuvo que los delitos fiscales no pueden ser considerados como de seguridad nacional y su uso puede ser una sanción adelantada en lugar de una medida preventiva.

Al respecto, Norma Lucía Piña Hernández consideró que la norma permitiría justificar regímenes de excepción, pues calificar problemas ordinarios como de seguridad nacional habilitaría al Estado a irrumpir en la vida de las personas. Los delitos fiscales afectan las finanzas públicas, pero no se puede considerar una amenaza directa a la existencia del Estado.

Mientras que Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestó que es desproporcional y excesivo incluir estos delitos en seguridad nacional para justificar la prisión preventiva oficiosa

Y Luis María Aguilar Morales expresó que los delitos fiscales son muy graves pero no hay justificación para declararlos como de seguridad nacional y menos para decretarles prisión preventiva oficiosa.

José Fernando Franco González Salas elaboró el proyecto para sostener que la norma era constitucional, el cual fue apoyado por Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

A finales de 2019, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas (factureros) como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales es superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.

Por lo que ameritaban prisión preventiva oficiosa, sanción con dos a nueve años de prisión y eran considerados como amenazas a la seguridad nacional.

La CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad al argumentar que viola los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso, así como a los principios de presunción de inocencia, legalidad, mínima intervención en materia penal y excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

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