SERÁ REABIERTO CASO TLATLAYA

El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la PGR realizar y esclarecer de inmediato el caso Tlatlaya, así como también fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

La sociedad civil lo ha logrado de nuevo. Después de muchísima presión e investigación por parte del Centro Prodh, la PGR deberá de reabrir la investigación del caso Tlatlaya, en esta ocasión para investigar quién fue el responsable de la orden. Todo esto a pesar de que hace cuatro años la Procuraduría General de la República decidió que la investigación permanecería bajo reserva durante los próximos doce años.
El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso Tlatlaya y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
Recordemos que el caso Tlatlaya fue una matanza perpetrada por militares que ejecutaron de manera extra judicial a 22 delincuentes, a quienes detuvieron en una bodega ubicada en la comunidad de Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Lo que causó indignación fue que los presuntos delincuentes fueron asesinados después de rendirse y entregarse a las autoridades, y no murieron durante el enfrentamiento armado como dijeron muchos de los implicados, al afirmar que se les dio la orden de “Abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
“Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
“La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos”, especifica el boletín.
Es necesario recordar que, debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México.

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