UNIVERSIDADES PRIVADAS… Y AUTÓNOMAS…


Por Enrique Aranda

Este miércoles, cuando por primera ocasión, desde el inicio del exitoso paso hacia la Presidencia, se encuentre con algo menos de 200 rectores de las más importantes universidades e instituciones de educación superior del país, Andrés Manuel López Obrador podría dar los primeros pasos hacia el logro de una de las más trascendentes reformas impulsadas por mandatario (federal) alguno con miras a proyectar la educación en México, la de nivel superior al menos, en las últimas décadas.
En el marco de su proyectado encuentro con el pleno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que encabeza Sergio Valls Esponda, en efecto, el ahora ya Presidente electo deberá confirmar su disposición de avanzar en la implementación del proyecto orientado a dotar de plena autonomía a las universidades privadas, a las que por años han mostrado su compromiso con la calidad (académica) y la mejora continua, al menos, en aras de colocar al país en igualdad de circunstancias de las naciones más desarrolladas en la materia y, más, a las instituciones implicadas en capacidad de competir con sus similares del mundo.
Es verdad que, desde 1934, en que el Legislativo reformó la Carta Magna para eliminar la disposición, que ya en 1917 se incluía, de que los particulares pudieran establecer escuelas profesionales de toda índole, la opción de la autonomía ha sido reservada a las instituciones públicas.
Sin embargo, a la vista de diversos estudios ahora a la consideración del próximo titular del Ejecutivo, nada existe “ni en la Ley General de Educación, ni en la Ley de Coordinación para la Educación Superior” que haga alusión a que la autonomía sea una prerrogativa exclusiva de las universidades públicas.
Avanzar por esta vía, huelga destacar, implicaría un reconocimiento a instituciones de particulares que, por décadas, han contribuido al desarrollo, en particular de la educación, no sólo vía la entrega de espacios (becas) en sus aulas a cientos, miles de jóvenes, sino, igualmente, en razón de la oferta laboral que generan, y más aún, vía el pago de impuestos, derechos y toda suerte de contribuciones fiscales.
Ello, independientemente que, en contraste, la ausencia de autonomía para las universidades privadas, que determina elementos básicos sobre los planes y programas, la cátedra, la investigación, el libre examen, el ingreso, promoción y permanencia de los académicos, “son leyes frecuentemente inadecuadas u obsoletas, o burócratas con frecuencia poco conocedores de la ciencia, la tecnología y la operación de la academia”.
A la vista de esto, entonces, es que este López Obrador podría avanzar en un proyecto que está ya sobre su escritorio y que, en su caso, derivaría en la concesión de autonomía a instituciones privadas para prestar servicios educativos con plena libertad académica y de gobierno, en el manejo de su administración y patrimonio.
Una medida trascendental, sin duda, cuya implementación no requiere, a decir de especialistas, sino de voluntad política y compromiso de las instituciones implicadas…

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