La garantía de los derechos humanos va en retroceso, sostienen activistas

Integrantes de organizaciones civiles expusieron que en la actual administración hay un registro de acciones violatorias de 25 derechos, al presentar el informe sobre la materia de Signos Vitales.

El gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por la guerra en contra del narcotráfico; el de Enrique Peña Nieto, por la corrupción; y el actual, el de Andrés Manuel López Obrador, por el debilitamiento de las instituciones garantes de derechos humanos.

Así lo expusieron este martes especialistas en la presentacion del » Balance Desequilibrado. Los Derechos Humanos en México «, de la organización Signos Vitales, en el que se da cuenta de la violación de 25 derechos constitucionales y convencionales en la actual administración.

«México ha tenido pocos avances y muchos retrocesos (…) La actual administración ha sido tibia en la atención a los derechos humanos», expresó Carlos Lascuráin Fernández, en la presentación del informe.

El gobierno de AMLO frente a los derechos humanos

México tiene un panorama desalentador, con cifras históricas de homicidios dolosos, de feminicidios, de desapariciones forzadas, de desplazamientos y de personas en situación de pobreza.

Sergio López Ayllón, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que si bien, no todo es atribuible al gobierno federal —como la impartición de la justicia—, pues persisten rezagos estructurales desde hace décadas, sí es responsable del debilitamiento de las instituciones.

«Hay un problema de debilitamiento institucional (…) En estos momentos (a mitad de sexenio), podemos decir que el gobierno (de López Obrador) se caracteriza por el desmantelamiento de las instituciones garantes de los derechos humanos, incluso de aquellas que todavía están en proceso de despliegue», dijo el investigador.

Por ejemplo, expuso López Ayllón, la Guardia Nacional fue creada para hacer frente al problema de inseguridad y violencia, pero la corporación no está concatenada en las políticas de justicia ni carcelarias.

«Tenemos un aparato fragmentado. La Guardia Nacional puede ayudar, pero no va a resolver el problema incluso lo puede agravar si no se articula con las procuradurías, fiscalías, tribunales y el sistema carcelario», explicó.

En este sentido, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, consideró que aunque el gobierno de López Obrador no será recordado por masacres como la de Tlatlaya o el caso Ayotzinapa, sí lo será por su política de «abrazos y no balazos», que permite a los grupos criminales operar con libertad.

«Esta administración será recordada por no perseguir a criminales y que estos tomen comunidades completas. El crimen organizado ya es el que manda, porque el gobierno no está haciendo nada para combatirlo. La política de ‘abrazos y no balazos’ no está dando frutos. Al no combatir al crimen, este gobierno será recordado por el asesinato y desplazamiento de miles de personas», indicó la activista.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador general de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que la garantía de otro derecho humano que va en retroceso es la que corresponde a la de seguridad social, aun con todos los programas sociales desarrollados en la actual administración.

«Tenemos una escalera regresiva, totalmente contraria, en la que se excluye a los que menos tienen. El 98% de las personas en situación de pobreza no tiene una afiliación a programas sociales. Incluso las personas que reciben apoyos del gobierno no alcanzan a acceder a la seguridad social completa», señaló.

Botón volver arriba