LA INFAMIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL


Por Roberto Domínguez Cortés

Uno de los grandes pasivos de la administración de justicia en México es la violación, reiterada, de la ley por las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. El uso político, y no jurídico, de la Constitución es recurrente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación violenta el Estado de derecho; los tribunales superiores de justicia de los estados –cuando menos el de Chiapas-, recurrentemente, alteran el orden constitucional y más de una procuraduría estatal se comporta como policía política represiva para “disuadir” a críticos y opositores.
Hoy tocó el turno de la infamia jurisdiccional a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rimbombante nombre, pero pobre en resultados para velar por la observancia de la ley. Va de anécdota. En el pasado proceso electoral, en Chiapas se registraron como candidatos indígenas a una diputación federal el ex secretario de Hacienda Humberto Pedrero Moreno y el ex secretario técnico del gobierno estatal Roberto Rubio Montejo.
Lo malo fue que, para lograr su nominación, ambos recurrieron a la mentira, la falsificación de documentos públicos y a la usurpación de una identidad indígena. En el caso de Pedrero Moreno, presentó una carta que ni un verdadero indígena habría podido obtener, bajo un texto que es vergonzoso para él y ofensivo para los llamados pueblos originarios reconocidos en el artículo 2 de la Constitución federal.
El libelo expedido por un inexistente comisariado ejidal, Alejandro Escobar Núñez, dio su aval al falso indígena Pedrero Moreno: “Que por medio del presente documento se hace constar que el C. Humberto Pedrero Moreno pertenece a esta comunidad indígena, pues es ejidatario del ejido Monte Grande y (municipio de Bochil) ha trabajado en el ejido desde hace más de seis años, así como también asiste a las asambleas ejidales (…); así, también se hace constar que desde el año 2011 se desempeñó como representante ante la Sagarpa en el estado de Chiapas; actualmente se desempeña como secretario en el referido ejido, cargo para el que fue elegido por la mayoría de los ejidatarios en la asamblea ejidal (…)”.
Hasta ahí una parte de la farsa para hacer candidato a Humberto Pedrero, y después legislador, con usurpación probada de identidad. Sólo que las verdaderas autoridades de Monte Grande desconocieron al nuevo indígena de tez blanca y apellidos sin relación con alguna etnia. Y había razón para ello. En los últimos 12 años había estudiado la profesional en la Ciudad de México, trabajado en una consultoría financiera y fungido como secretario de Hacienda de Chiapas a partir del 2014.
Por ello, en un comunicado bajo el título “Desconocimiento de personas”, la verdadera autoridad ejidal hace saber, públicamente, que en el ejido Monte Grande no reside, ni forma parte, alguna persona de nombre Alejandro Escobar Núñez, y menos que se haya desempeñado como comisariado ejidal. Esa sola referencia, continúa la autoridad ejidal, en el periodo 2010 a 2018; jamás residió en el ejido “persona que responda al nombre de Humberto Pedrero Moreno”.
Sin embargo, para exhibir más a Pedrero Moreno como usurpador y falsario, Roberto Serrano Altamirano, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otorgó su aval al reconocerlo como indígena pura sangre aún a sabiendas de que no es así.
Lo lamentable para este otro falsario y cómplice de candidaturas apócrifas es que no tiene autoridad moral para dar su opinión si Humberto Pedrero es o no parte de una comunidad indígena. Serrano Altamirano se desempeñó como director de Relaciones Públicas y coordinador de Comunicación Social del mayor ladrón en la historia de Chiapas: Juan Sabines Guerrero.

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