90% DE CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, IMPUNES

El sistema federal que se tiene ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades.

A 10 años de la publicación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que el clima de hostilidad y violencia contra estos sectores prevalece en el país, con total impunidad en más del 90 por ciento de los casos.

Por ello, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló que es tiempo de hacer una revisión profunda y contar con una nueva legislación, advirtió

Durante la inauguración del Diálogo Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General para la Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el funcionario remarcó que “es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse (…). Lo cierto es que de manera lamentable, y tenemos que decirlo siempre con toda claridad para encarar los problemas, los problemas de violencia y agresiones a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos prevalecen”, subrayó.

Reiteró que el gobierno va “en la búsqueda de una nueva ley” que genere un Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que defina con claridad el régimen de competencias, concurrencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, dado que las autoridades locales se han “desentendido” del problema.

Indicó que “actualmente el sistema federal que tenemos no solamente ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades, sino que muchas de las resoluciones del actual mecanismo y de la ley, que solamente son atendibles por parte de la autoridad federal, la autoridad local se desentiende de ellas. Y queremos no solamente que tengan competencias, sino que en aquellos casos en que incurra responsabilidad cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones, las facultades y las competencias para deslindar la responsable de iniciar acciones penales contra quienes violen la ley”, recalcó.

Según Encinas Rodríguez, el país no está solo ante un problema de falta de implementación de la actual ley, sino que “estamos enfrentando limitaciones de la actual ley, y no solamente es un asunto de presupuesto, porque en la medida que no tengamos las capacidades institucionales, la fortaleza institucional para implementar los mecanismos que se requieren para garantizar el ejercicio de estos derechos, no habrá recurso que alcance”.

Por ello, se pronunció en favor de dejar atrás la política reactiva para avanzar en la prevención y en el combate a las causas que originan los niveles de violencia y agresión contra quienes defienden el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.

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