UNA DISPUTA, UN RIESGO

Por Helga Kauffman

No se pierdan. La única verdad es que la llamada “cuarta transformación”, viola sistemáticamente la Constitución y la ley; lo ha hecho desde que se informó de su existencia y ahora, durante las campañas electorales y sobre todo en el periodo de la revocación de mandato, se aprecia su contradictoria esencia.

El ariete discursivo quiere acabar con un enemigo llamado INE. Esa barrera que, saben los dizque ideólogos de una falsa izquierda, les impediría alargar su estancia en el poder.

Sin embargo, sus pretensiones serán de efectos demoledores para el sistema electoral construido a base de mucho esfuerzo en las últimas décadas.

Y es que, de ser un mecanismo ciudadano para evaluar el desempeño de gobernantes, la revocación de mandato pasó a ser un proyecto estratégico de los designios presidenciales. Y en las últimas semanas testificamos interpretaciones inconstitucionales a la ley para que el presidente y los servidores públicos del partido mayoritario difundan incesantemente propaganda gubernamental y se coloquen pintas y espectaculares que piden votar por la continuidad de AMLO.

A la par que el INE y el Tribunal emiten medidas cautelares e instrucciones para retirar toda esa difusión, que es contraria a la Constitución y a la ley, sin que se acaten los mandatos y, por el contrario, generen la descalificación constante y sistemática desde el poder, que coloca a las autoridades como un tribunal censor equivalente a la llamada Santa Inquisición.

Insistir y ordenar que se cumpla la ley no es ocurrencia ni exceso de las autoridades, es cumplir con su obligación de ejercer un arbitraje imparcial. La reacción presidencial llevó a informar que se presentará un paquete de propuestas en el marco de la posible reforma electoral que tendrá que analizarse en sus términos, una vez que se conozcan los detalles, pero que, de concretarse, constituiría un grave ataque a la institucionalidad construida para garantizar elecciones auténticas y creíbles y para fortalecer la democracia y los derechos políticos de todos.

Los temas planteados en las mañaneras, sin excepción, requieren reformas constitucionales que tendrán que pasar los filtros de las mayorías calificadas.

El dilema está en saber si los partidos de la oposición quieren ‘federalizar’ de nuevo la función electoral para regresarle el control al presidente en turno y la designación de consejeros y magistrados bajo un mecanismo engañoso, donde la mayoría de los perfiles para su elección por voto popular provendrían del propio Ejecutivo y de las mayorías parlamentarias, en este caso, de Morena.

Igual estará a discusión la pretendida desaparición de los espacios de representación proporcional y la disminución de los montos del financiamiento público que, como está planteado, volvería monocolor al sistema político y desaparecería la representación de diversos segmentos de la sociedad. Esas propuestas están en una lógica revanchista y en la intención de cobrar facturas a instituciones cuyo pecado capital es no ceñirse a los deseos del poder y exigir que se cumpla la Constitución. Hoy están en grave peligro.

En el fondo, y es lo que debemos advertir y entender, AMLO quiere jueces a modo, instituciones manejables, para perpetuar su estirpe política y, por qué no decirlo, cubrirse las espaldas un tiempo para evitar que pise la cárcel él o algunos de sus familiares, al concluir su mandato.

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