INE EXHIBE MÁS TRANSAS DE PEDRO HACES Y SU MALOGRADO PARTIDO “FUERZA POR MÉXICO”

Se han detectado pagos ilegales a empresas fantasma y tan sólo entre junio y septiembre del 2021 entregó a supuestos proveedores 33.9 millones de pesos, por lo que se abrió un procedimiento oficioso.

Fuerza por México, de Pedro Haces Barba, se convirtió en una especie de “caja chica” para este personaje, quien se permitió, violentando la ley, realizar transferencias a empresas que podrían ser fantasma, pues sus domicilios fiscales no existen o no tienen actividad comercial.

Ello lo reveló la Unidad Técnica de Fiscalización de Instituto Nacional Electoral (INE), que expuso que ha detectado que las empresas a las que pagó Pedro Haces Barba, de manera ilegal, no existen o son fachadas para trasnferencias irregulares de recursos.

Ante el cúmulo de irregularidades, el organismo electoral abrió un procedimiento oficioso contra ese partido y, en particular, contra Haces Barba, ya que se entregaron a supuestos proveedores 33.9 millones de pesos, entre junio y septiembre del 2021, cuando ya se encontraba en proceso de liquidación.

Se expone que la investigación no sólo contempla dicho monto, sino todos los pagos que realizó en el segundo semestre del 2021, sin autorización del interventor José Gerardo Badín Cherit, quien está a cargo de su proceso de liquidación.

Éste deberá entregar al INE una revisión exhaustiva de los estados de cuenta de Fuerza por México para establecer el monto total de los recursos erogados sin su autorización o detectar irregularidades.

Autoridades electorales a cargo del caso aseguran que lo investigado hasta el momento lleva a la hipótesis de que hicieron un “gran negocio particular”, pues durante el primer semestre del año la dirigencia realizó pocos gastos, y tras los resultados de la elección, buscó “acabarse” aceleradamente lo que tenía en sus cuentas.

Durante todo 2021, Fuerza por México recibió 105 millones de pesos para gasto ordinario, dividido en mensualidades de 8.7 millones, además de 31.5 millones para gastos de campaña.

De hecho, lo que ha detectado la Unidad de Fiscalización es que durante la campaña el partido gastó poco dinero en la compra de propaganda y que incluso existió el reclamó de comités estatales y candidatos de que la dirigencia no los ayudó, ya que concentraron todos los recursos federales, todo el financiamiento, y a partir de julio hicieron muchos gastos no autorizados para presuntos proveedores.

“La Unidad Fiscalización ha verificado domicilios y características de los proveedores y no existe el domicilio, en el domicilio está otra cosa que no acredita que sea un negocio o no tiene actividad comercial, por lo que hay indicios de que podrían ser empresas fachada”, indicó el funcionario consultado.

Algunas de las empresas están en el listado de proveedores del INE y otros no, por lo que corresponderá al Servicio de Administración Tributaria determinar si son fantasma.

Una vez que la Unidad determine las irregularidades, advierten que el Consejo General podría dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Fiscalía General de la República, al SAT e incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por otro lado, si la dirigencia no devuelve a más tardar el viernes 33 millones de pesos, el interventor procederá legalmente contra el secretario de Administración de ese partido, Pablo Enrique Gutiérrez, el líder nacional Gerardo Islas y la secretaria general, Alma Lucía Arzaruz.

Hasta este miércoles, informaron las fuentes consultadas, Fuerza por México no entregado los recursos.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a 9 años a quien: “Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro”.

A partir del 16 de junio, el partido estaba obligado a pedir autorización al interventor para usar dinero del partido, pues primero deben pagar salarios, obligaciones fiscales y multas, y si sobra presupuesto, a proveedores.

En octubre, el INE ordenó a ese instituto político abrir una cuenta mancomunada con el interventor, pero lo hizo hasta diciembre, por lo que durante octubre y noviembre siguió realizando pagos de forma irregular.

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