POR FRAUDE DE 39 MILLONES, INE Y FGR VAN TRAS LÍDERES DEL EXTINTO PARTIDO “FUERZA POR MÉXICO”

Están obligados a devolver 33.9 millones de pesos tomados ilegalmente del partido; curiosamente no han sido localizados los domicilios de quienes usaron estos recursos de forma ilícita.

El Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó al Partido Fuerza por México, fundado por el ex senador Pedro Haces Barba, a que paguen 33.9 millones de pesos que tomaron indebidamente de ese partido, de lo contrario irán a la cárcel.

Y es que de acuerdo con lo expuesto por el organismo electoral, si esta semana los líderes de Fuerza por México no devuelven esos recursos públicos que, de manera ilegal tomaron de ese organismo político, se procederá penalmente contra ellos, para lo cual se ha dado vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicho partido creado por Pedro Haces perdió su registro al no reunir al menos 3% de la votación emitida en la elección del 6 de junio del año pasado y usó los recursos que le dio el INE para pagar a proveedores, pese a que la ley lo prohíbe cuando un partido entra en proceso de desaparición.

Desde el pasado 29 de octubre, el INE ordenó al secretario de Administración de Fuerza por México, Pablo Enrique Gutiérrez; al presidente Gerardo Islas, y a la secretaria general, Alma Lucía Arzaruz, regresar dichos recursos.

Ahora bien, resulta que el INE no ha ubicado los domicilios de los líderes del extinto partido para notificarles la determinación que se adoptó.

Se había informado que la notificación se había hecho el pasado viernes 29 de abril, por lo que tenían hasta el 6 de mayo para regresar los recursos que entregaron a supuestos proveedores; sin embargo, funcionarios electorales informaron que la Unidad Técnica de Fiscalización está ubicando los domicilios particulares de Pablo Enrique Gutiérrez, quien fuera secretario de administración de la dirigencia nacional, pues la notificación debe ser personal.

También rastrean la de Gerardo Islas, presidente del partido, y de Alma Lucía Arzaruz, la secretaria general.

Pese a que fue pública dicha resolución, el partido no ha acudido al INE para, de manera voluntaria, entregar los recursos.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a 9 años a quien: “Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro”.

Funcionarios del INE informaron que las denuncias penales serán producto de las investigaciones que realice el interventor, y del resultado del procedimiento oficioso que abrió el organismo electoral, en el que se ha detectado que los proveedores podrían ser empresas fantasma.

Botón volver arriba