Cinco ministros votan contra los superdelegados de AMLO

A pesar de ello, se da por descontado que la revisión de esta figura se desechará porque no reúnen los votos necesarios para eliminarla.

Un empate a cinco votos, se registró en la Suprema Corte de Justicia al revisar la figura de los Superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del actual Gobierno.

Cinco ministros apoyaron un proyecto que declara la invalidez de las llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, adscritas a la Secretaria de Bienestar, pero dependen directamente del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros cinco votaron por la validez de esta reforma, vigente desde el primer día de este sexenio.

Con esa votación, la Corte podía haber desestimado este martes la controversia, sin emitir pronunciamiento alguno por no existir los ocho votos necesarios para anular.

Pero el Presidente Arturo Zaldívar propuso retomar el tema el próximo lunes, cuando ya estará presente la Ministra Loretta Ortiz, para que rompa el empate.

Ortiz fue nominada a la Corte por López Obrador y es poco probable que apoye el proyecto, por lo que su voto sólo servirá para que la sentencia incluya un pronunciamiento de que la figura de los Superdelegados es Constitucional, mismo que sólo requiere mayoría de seis ministros.

Si Ortiz llega a votar a favor del proyecto, el resolutivo de todos modos será desestimar, sin pronunciamiento de la Corte, pues sólo habría seis votos por la invalidez.

El Ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto, sostuvo que los artículos 17 Ter y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal (APF), reformados en noviembre de 2018, violan el principio de legalidad, porque no delimitan con claridad las atribuciones de los Superdelegados.

“El 17 Ter no da certeza sobre cuáles son los límites de las facultades de las delegaciones en la implementación de los programas, con lo que el alcance de sus atribuciones puede incluir la implementación irrestricta de medidas en las entidades, no necesariamente relacionadas con facultades de la Secretaria de Bienestar”, expuso Aguilar.

Norma Piña y Alfredo Gutiérrez sostuvieron que el problema no es la posible invasión de atribuciones estatales, sino a otras dependencias federales, pues los Superdelegados pueden operar toda clase de programas del Gobierno.

Gutiérrez afirmó que se rompe el esquema constitucional de ejercicio del Poder Ejecutivo por medio de las Secretarías de Estado, y que los Superdelegados son una especie de órgano administrativo transversal, que puede vigilar o supervisar programas que implementan Secretarías distintas a Bienestar.

La mayoría rechazó que existan estos vicios y afirmó que está claro que los Superdelegados sólo están facultados para operar programas federales, sin invadir atribuciones de los Gobiernos locales.

Alberto Pérez Dayan consideró que, si bien la Ley Orgánica de la APF no detalla totalmente las facultades de los Superdelegados, estas sí fueron delimitadas en un reglamento expedido por el Ejecutivo en 2019.

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