EN MÉXICO, 7 DE CADA 10 MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PRISIÓN SUFREN TORTURA

La autoridad que más comete el delito son los policías de investigación en un 40 por ciento, seguidos por los municipales en un 20 por ciento y estatales en un 16 por ciento.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, al dar a conocer el Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, reveló que en México 7 de cada 10 mujeres en prisión sufrió de tortura, tratos crueles o degradantes, al menos en una etapa de su proceso, y de ellas 3 de cada 10 refirió haber sido víctima de tortura sexual.

En el estudio se expone que la autoridad que más comete el delito son los policías de investigación en un 40 por ciento, seguidos por los municipales en un 20 por ciento y estatales en un 16 por ciento, en tanto, elementos de las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) un 13 por ciento.

“Más allá de los datos y de las estadísticas que este diagnóstico arroja, da cuenta de la verdad de un problema que existe en nuestro país, que no ha sido posible erradicar y que, lamentablemente, se presenta en todas las fases del proceso en que las mujeres expuestas a una condición de violación a la ley están expuestas”, agregó.

Según el documento, en nuestro país hasta noviembre del año pasado, cuando se elaboró el estudio, había 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad distribuidas en 21 centros penitenciarios femeniles y 124 cárceles mixtas.

La muestra para el estudio se basó en mil 280 entrevistas e información proporcionada por fiscalías estatales, las comisiones de derechos humanos locales y la nacional, así como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y el Instituto Nacional de Migración.

“De las conclusiones en este diagnóstico se van a encontrar 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas que, más allá de que se tenga autonomía o no por parte de las fiscalías, deben ser atendidas como corresponde a una sentencia de la Corte, desde los temas básicos para que las fiscalías de los estados y la General de la República emprendan acciones penales contra los servidores públicos que han cometido estos ilícitos hasta la obligación de las fiscalías de garantizar que existan médicos legistas con perfil de género”, subrayó.

La construcción de este diagnóstico nacional tiene como antecedente los hechos ocurridos en mayo de 2005 durante un operativo de elementos de la policía del Estado de México en San Salvador Atenco y Texcoco, que fueron del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una denuncia de 11 mujeres víctimas.

En su sentencia de 2018, la Corte responsabilizó al Estado mexicano por las violaciones de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, en perjuicio de estas mujeres contra quienes agentes policiales utilizaron ilegítima e innecesariamente la fuerza para reprimir las manifestaciones contra la construcción del aeropuerto internacional.

El Tribunal también concluyó que 7 de ellas fueron sometidas a diversas formas de abuso sexual, incluyendo violación por lo que ordenó la reparación del daño y el acceso real a la justicia.

Presente en la conferencia ofrecida en la dependencia federal, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual por el caso Atenco, advirtió que a más de tres lustros de los hechos no ha llegado la justicia para ella y sus compañeras víctimas.

Por su parte, Norma Jiménez Osorio, también víctima de tortura sexual durante el caso Atenco, lamentó que a 15 años de estos hechos sigan ocurriendo este tipo de agresiones.

Las etapas que estudia Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, son el arresto y el traslado, la estancia en el Ministerio Público, el arraigo y la estancia en el centro penitenciario, así como el juicio.

Los estados donde más se han registrado estas denuncias son: Estado de México, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.

Las agresiones más comunes fueron las patadas, manoseos, golpes en senos, glúteos o genitales y la violación, además de agresiones psicológicas e insultos.

En el caso de las edades de las víctimas, el 68% tenían de 20 a 39 años de edad, el 62% contaban con educación básica, el 95% estaban ocupadas previo a su detención, en tareas del hogar y/o estudiando. 73% eran jefas de familia, el 84% tienen hijos, 12% eran mujeres indígenas.

El 50% de las mujeres fueron detenidas en espacios públicos, el 36% en sus hogares y el 10% en sus trabajos.

Elevado el porcentaje de mujeres que no fueron informadas de sus derechos con el 81% y el 65% no fue informada del delito por la que la detuvieron.

Los delitos por las que las acusan: homicidio, secuestro, robo y delitos contra la salud.

Sobre el tiempo entre la detención y la presentación ante el MP el 33 por ciento tardó entre 4 a 24 horas.

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