¿SERÁ VERDAD?

Por Luis Pinal Da Silva

A pesar que el ex presidente Enrique Peña Nieto se la pasa feliz viajando por el mundo y publicando fotos con su novia, debe estar escuchando pasos por la azotea.

Ya no son señales las que se mandan desde Palacio Nacional; ahora la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que sí existe una investigación por la triangulación de recursos del ex mandatario y que, con base en ello, se turnó el expediente a la Fiscalía General de la República para los efectos conducentes.

Ya no se trata de “abrazos”, sino de una investigación seria que, primero, pasó por el tamiz de quienes conformaron el equipo más cercano del mexiquense.

Fueron varios los buscapiés que enviaron a Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores y tras ello el aparato de gobierno se fue con toda la furia contra Rosario Roles, ex secretaria de Sedesol, a quien tienen refundida en prisión debido a que no denuncia a funcionario peñistas involucrados en la llamada “Estafa Maestra”.

Otro más es Emilio Lozoya Austin, quien está en la lista por el moche de 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto, desde Brasil con Odebrecht.

Pero, más allá de estos personajes, hay expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia Fiscalía General de la República de materialmente todos los funcionarios clave de Peña Nieto; pero ahora se trata directamente de él y sus familiares.

Si bien se han abordado una cadena de investigaciones sobre funcionarios del pasado y de Peña Nieto, parece que los tiempos cambiaron y se busca proceder contra quien se encuentra lejos y asegura que un escueto tuit que su fortuna es legítima.

Sería algo inédito en la historia del país que un presidente en el poder se fuera contra los potentados del pasado, especialmente contra quien, en el colectivo de los mexicanos, es “la punta del iceberg” de la corrupción en el sexenio inmediato.

Si de elementos se habla, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, ya dio el primer paso y ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República hacer lo propio.

Lo dicho por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el sentido de que, tras un análisis de reportes financieros se detectó un esquema en el que “un ex presidente de la República se benefició de una red de transferencias, pudiera parecer suficiente para que se proceda conforme a Derecho.

Pero hay que atender al hecho de que, más allá de que se habla de “un ex presidente” que obtuvo beneficios económicos mediante transferencias internacionales por las cuales recibió 26 millones un mil 429.74 pesos, se encuentra la otra parte, aquella que indica que una empresa constituida por el ex presidente Peña Nieto y familiares, se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración peñista de 2012 a 2018 con aproximadamente 10 mil 530 millones de pesos.

Es decir, los 26 millones un mil 429.74 pesos que recibió Peña Nieto, son “pecata minuta” ante ese “apoyo” que diera el hoy señalado siendo Presidente de la República, o frente a los envíos que hiciera Peña Nieto y familiares del 2015 al 2021 a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos y cuatro millones 942 mil dólares.

Se habla de dispersión de recursos, pero lo que los mexicanos observan es que se expone un modo de mover dinero con total impunidad, de ahí que lo expuesto este 7 de julio, no debe quedar en mera anécdota y proceder con rigor, ya que de lo contrario lo dicho se puede convertir en una “bomba” que puede estallar en la cara de la 4T.

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