DELINCUENCIA ORGANIZADA QUITA HASTA 50% DE INGRESOS A EMPRESAS

La inseguridad resulta “el obstáculo más grande que tienen las empresas al momento de operar”.

Corrupción, inseguridad y costos regulatorios, se han constituido en los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en México no sólo para abrir sino para operar un negocio, lo que les condena a un período de vida menor a 3 meses.

Ello fue expuesto por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al hacer la presentación del diagnóstico “La odisea de abrir un negocio en México”, realizado por Ethos Innovación en Políticas Públicas.

Dicho diagnóstico fue desarrollado con el apoyo del CCE y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, y destaca en el mismo que se detectó que en 11 de los 15 municipios consultados, la inseguridad resultó ser “el obstáculo más grande que tienen las empresas al momento de operar”.

Los resultados arrojaron que Puebla es la entidad donde enfrentan mayor inseguridad y corrupción.

Liliana Alvarado, directora general de Ethos -organismo dedicado a estudios empresariales junto con el CCE, detalló que en algunos casos estas extorsiones son muy graves y ponen en riesgo no solamente la sobrevivencia de los mismos negocio sino también la integridad de las personas.

A través de una encuesta aplicada a 2,250 micro, pequeños y medianos empresarios, se detectó que la delincuencia organizada quita hasta el 50% de los ingresos mensuales de los pequeños negocios, lo cual, además de escandaloso, resulta seriamente alarmante.

Por su parte Javier Treviño, director del CCE, confirmó que abrir un negocio es más complicado de lo que parece.

Pese a la implementación de herramientas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), los emprendedores—alertó– siguen enfrentando una serie de obstáculos que van desde la burocracia, trámites costosos y tardados, hasta inseguridad a la hora de comenzar a operar.

El CCE refirió que los emprendedores toman en cuenta 7 pilares para abrir un negocio: 1) problemas regulatorios; 2) servicios básicos e infraestructura deficientes; 3) incertidumbre jurídica; 4) instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente; 5) inseguridad; 6) corrupción, y 7) carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados.

Botón volver arriba