LAS LETRAS CHIQUITAS

Por Luis Pinal Da Silva

El tema de la Guardia Nacional (GN) sigue generando mucha inquietud. Cuando se planteó la creación de este cuerpo, los legisladores avalaron su creación y lo hicieron porque el Gobierno de la 4T, a través de los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, garantizaron que los mandos serían civiles.

Pero ello no fue cierto, ya que a las semanas los legisladores opositores se dieron cuenta que habían caído en una trampa pues, para hacer como que se cumplía el compromiso, el Gobierno designó a un militar retirado como jefe de la Guardia Nacional y ello provocó un escándalo porque el planteamiento había sido diferente.

En defensa se argumentó que un militar retirado “ya no es militar’’. Sin embargo, ello contraviene la ley de las Fuerzas Armadas que siguen ejerciendo su fuero sobre el personal en retiro.

Tras ello, el Gobierno planteó el escenario que se tenía proyectado: pasar la GN al control del Ejército. El cuerpo está compuesto en su mayoría por policías militares, marinos y, en porcentaje menor, por ex policías federales.

El 16 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviaría a la Cámara de Diputados, en 2023, una iniciativa para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La GN se encuentra en el organigrama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que es una simulación pues los mandos son militares y, desde octubre de 2020, por instrucciones del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la Sedena asumió el control operativo.

En la modificación constitucional que se hizo cuando se creó la GN, se estableció que el 26 de marzo de 2024, las Fuerzas Armadas se retirarían de las tareas de seguridad pública, lo cual no pasará si prospera el decreto del Presidente con el cual se brinca al Congreso.

No solo se trata de anular a las instituciones, en este caso al Congreso, que es el único que tiene la facultad para modificar la Constitución, sino que se eliminaría un obstáculo legal, de los pocos que quedan, en contra de la militarización del país.

El problema es de tal magnitud que se advierte que entregar al Ejército tareas para las cuales no fue diseñado, constituye un peligro, no para las fuerzas castrenses, sino para los mexicanos en su conjunto.

De nada sirve que se diga que los miembros del Ejército son pueblo, ya que por su constitución pueden, en un momento dado, ser un aparato de control y sumisión.

La historia nos ha mostrado que en diversos países del mundo, primordialmente en centro y Sudamérica, dar mucho poder a las milicias resulta contraproducente.

Hay que advertir que en este tinglado se aprecia que el Gobierno de la 4T no es de izquierda.

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