UNA HISTORIA SIN FIN

Por Luis Pinal Da Silva

Cuando de hacer el ridículo se trata, el gobierno de México y los partidos de oposición se dan un “quien vive”, para mostrar con palabras y posturas anacrónicas sus miserias.

Mientras la delincuencia organizada se ha adelantado mucho, los que supuestamente deben contar con los elementos para frenarlos, se empeñan en destrozarse mutuamente.

La apuesta que recetó en su momento Felipe Calderón Hinojosa para hacer frente al avance de la delincuencia organizada, que entonces fue aplaudido por el partido en el gobierno y por la iniciativa privada, es retomado por el otrora férreo crítico de la medida, Andrés Manuel López Obrador.

El sexenio que sería del empleo, el de Calderón Hinojosa, terminó siendo el de los más violentos en los últimos 16 años.

Calderón diagnosticó durante su mandato que México estaba cerca de convertirse en un narcogobierno, lo que usó para llevar a las calles a las fuerzas armadas y encarar a sangre y fuego a los cáteles del narcotráfico.

La medida extrema no solo falló porque se aventuró sin un plan integral que incluyera la atención de las causas, sino que arrastró al país a una escalada de violencia que al final de cuentas empeoró la situación.

El michoacano desoyó las advertencias de expertos en seguridad, de intelectuales y de la propia oposición encabezada por el mesías macuspano, para reconsiderar la estrategia.

Como hoy la Guardia Nacional, la Policía Federal de Felipe Calderón no era confiable, ni contaba con la capacidad de fuego que desde entonces mostraba la delincuencia organizada, por lo que se vio obligado a echar mano de las fuerzas armadas – Ejército y Marina – para realizar tareas de prevención y captura de capos sobresalientes.

Decenas de miles de muertos después, un buen porcentaje de esas cifras, personas inocentes, y con la confianza de los inversionistas trastocada, la violencia aumentó y los cárteles de las drogas no menguaron su estructura operativa, ni la financiera.

Por lo que respecta a Enrique Peña Nieto, hay que mencionar que a pesar de sus alardes de detener “objetivos” criminales de altos vuelos sin soltar un tiro, incrementó el número de muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

En el sexenio más corrupto en la historia de México, según el propio López Obrador, éste cuestionó hasta el paroxismo el uso del Ejército en tareas que le corresponden a la autoridad civil.

Con 4 años en el poder y más de 133 mil muertos relacionados con la violencia extrema en su haber (el doble de Calderón), el presidente de la esperanza y que haría historia se tragó sus palabras y el orgullo, y sin pudor alguno aceptó tácitamente su fracaso para brindar seguridad a los mexicanos, al recular y formalizar la militarización del país.

Pero López Obrador fue más lejos que Calderón y Peña, porque no solo mantuvo a las fuerzas armadas en la calle sino que impuso, a través de sus legisladores federales, la reforma que ordena la subordinación de la Guardia Nacional al Ejército.

El Ejército Mexicano, con una importante trayectoria y prestigio desde la consumación de la independencia, pero reducido operativamente a tareas de orden civil como el Plan DN-III hasta antes de Calderón, ha evolucionado en los últimos tres sexenios como una fuerza de contrapeso al crimen organizado que infiltró las agencias civiles del orden.

La institución castrense mexicana tampoco escapa del escrutinio público.

En los años 60s y 70s la izquierda de este país fue víctima de la represión por soldados; sin embargo, en la desesperación por sacudirse el fracaso para contener la violencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador olvidó aquellos agravios y no solo concedió poderes extraordinarios al Ejército, sino que los convirtió en socios, es decir, en empresarios al mando de aduanas y empresas del Estado.

La imposición de la mayoría morenista en el Congreso Federal para subordinar al ejército a la Guardia Nacional formalizó lo que en los hechos ya sucedía: asumir la prevención y enfrentar a la delincuencia organizada.

En realidad las cosas no cambian de fondo, sino de forma. Los resultados tal vez sigan siendo los mismos porque el Ejército ya no es aquella institución confiable que garantizaba la soberanía nacional, de hecho no está a la altura para repeler un ataque o una invasión.

Lo que sí puede suceder es que las violaciones a los derechos humanos en México empeoren toda vez que las actuaciones de los agentes de la Guardia Nacional estarán amparadas bajo preceptos estrictamente castrenses, donde la impunidad es la que prevalece.

El Ejército en las calles no garantiza recuperar honradamente la seguridad, hay que tener en mente la liberación de Ovidio Guzmán, la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa y el berrinche presidencial para que el gobierno norteamericano soltara al general Cienfuegos – secretario de defensa con Peña Nieto – por presuntos nexos con el narcotráfico.

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