General demanda al subsecretario en respuesta a imputación de homicidio

El General José Rodríguez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, demanda a Alejandro Encinas Rodríguez.

Al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, comisionado presidencial para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, se le desbarata el caso entre las manos.

Y es que el general José Rodríguez, ex jefe del 27° Batallón de Infantería de Iguala ha demandado al funcionario de la Secretaría de Gobernación (SG), en respuesta a las acusaciones por el homicidio de seis de los estudiantes de Ayotzinapa, planteadas por el Informe Encinas.

Además, en la argumentación de su recurso legal, el general ha puesto el dedo en la llaga de las investigaciones del comisionado especial de Andrés Manuel López Obrador: las indagatorias y conclusiones efectuadas por una dependencia del Ejecutivo no son vinculantes, lo que podría sentar un precedente para otros imputados en el informe manufacturado en Bucareli.

José Rodríguez, general en retiro, ex jefe del 27o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, se entregó el miércoles pasado ante sus superiores en el Campo Militar Número para enfrentar la acusación de Encinas.

El general Rodríguez emprendió su defensa y la semana pasada presentó una demanda de amparo directo contra el subsecretario Alejandro Encinas ante un juez en la Ciudad de México, “donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan”.

El general retomó la presentación del informe y la conferencia en la mañanera de Palacio Nacional el 26 de agosto frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como una entrevista el 28 de agosto en el programa Voces Públicas (Canal 14) reseña el periodista, donde reiteró las conclusiones del documento y la intervención del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas.

El militar argumenta: “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”.

La argumentación de la demanda de amparo tiene dos vertientes, “una directamente contra Encinas, por presuntas violaciones a los derechos humanos”, otra que imputa al gobierno federal por usurpar “ funciones que están fuera de sus atribuciones y facultades legales (…) en especial por las disposiciones del el Artículo 21 constitucional que establece que “la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías”.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, refiere, las conclusiones a las que arriben comisiones como la creada por el presidente de México, no son vinculantes.

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