Enrique Peña Nieto admite que cuenta con visa de inversor en España

El expresidente de México adquirió un inmueble con valor de 570.000 euros en España

El Gobierno de España negó que se le haya otorgado al expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto uno de los denominados “visados de oro”, pero reconoció que cuenta con permiso para residir en España como inversor.

El gobierno español aseguró que no tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre de Peña Nieto. También, detalló que el exfuncionario mexicano, es titular de una autorización de residencia como inversor conforme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Dicha ley permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros.

Peña Nieto adquirió un inmueble con valor de 570.000 euros en Madrid. El exgobernador mexiquense acreditó la inversión libre de cargas y gravámenes, aunque se desconoce que otros activos pueda tener.

El pasado 9 de septiembre se dio a conocer que Peña Nieto había intentado obtener la residencia por la vía discrecional, quiso acoger a una disposición adicional del Reglamento de Ley de Extranjería que permite a la Administración Pública dar las autorizaciones sin que se sigan los procedimientos habituales y por circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen.

El gobierno de España se negó a la solicitud, pues se consideró que el expresidente no contaba con ninguna circunstancia excepcional que justificara dicho procedimiento, es tras este rechazó que el exmandatario optó por la adquisición de un inmueble con un valor superior a medio millón de euros, para poder cumplir con los requisitos legales.

Es desde julio que la FGR anunció la apertura de un expediente contra el exmandatario por presuntas transferencias irregulares desde España, además tiene abiertas 3 investigaciones desde principios de agosto, contra el expresidente mexicano, una por lavado de dinero, otra por presuntos delitos electorales y una más por enriquecimiento

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