DE ACUERDOS Y TRAICIONES

Por Helga Kauffman

La voluntad presidencial es la que cuenta; es la única razón de ser de la política actual. Así, la habilidad política que tuvieron otros gobiernos para lograr acuerdos que permitieran cambiar la Constitución ahora se ha convertido en una presión abierta para hacer valer la voluntad presidencial.

El mes es uno: abril y el sujeto: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa fecha se encontró la forma de darle la vuelta a la Constitución para otorgarle validez a las modificaciones que mandó hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica.

Lo que ha perdido de vista López Obrador es que si bien logró más votos que ningún otro candidato presencial en las elecciones que lo llevaron al poder, ello no implica que los ciudadanos le dieran el control absoluto del Congreso.

Así, ni en la Cámara de diputados ni en la de senadores tiene una mayoría absoluta para poder cambiar la Constitución, sin negociar con la oposición.

Sin embargo, a través de una mayoría simple, que sí la tiene el Presidente y es altamente obediente, se modificó una ley secundaria en materia eléctrica y con la chicana de la no-decisión de los ministros de la Corte se avaló violar la Carta Magna.

Como consecuencia de ello, hoy México enfrenta un conflicto internacional con sus principales socios comerciales que por más que se quiera minimizar, sí implica un potencial problema comercial para nuestro país.

Y es este episodio el que potencia las preocupaciones respecto al mecanismo que volvió a usar López Obrador, ahora con el paso de la Guardia Nacional al mando del ejército a través de modificar leyes que con la redacción avalada por los obedientes legisladores del Presidente hoy violan la Constitución.

Por supuesto que lo sabía el Presidente y su gabinete, seguro que una mayoría de diputados y de senadores al menos intuían que lo que aprobaban respecto a darle mando castrense a ese órgano policial civil iba en contra del texto constitucional.

Para restarle reflectores a la implementación de una violación flagrante a la Carta Magna el Presidente pasó el mando de la Guardia Nacional al ejército de la mano de un escándalo internacional por su “propuesta” de pacificación de Ucrania.

Si este régimen no lograra que los ministros de la Corte se echaran la maroma con este tema, está en marcha el plan B con la reforma constitucional de Alejandro Moreno para dejar en las calles al ejército en labores que le corresponden a las fuerzas civiles hasta el 2028.

Ya empezaron a salir los primeros senadores que recibieron el recado de cuál sería su futuro si no apoyan lo que el Presidente quiere. Ahí están los que acusan recibo de haber recibido ya como presente de la 4T el espejo de Alito.

Ahí está también en la fila de los cambios que quiere el régimen aquel para desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) como ese organismo autónomo y eficaz que ha sido.

Plan A, modificaciones secundarias que se avalen en el poder judicial sobre lo que marque la Constitución. Plan B, cortar el presupuesto del INE y designar consejeros a modo con el método de la manita de puerco estilo campechano.

Pero aflora un Plan C, el que involucra a quienes, por extrañas razones, dejan los partidos políticos que los llevaron al poder y se suman a Morena, tal es el caso del senador yucateco Raúl Paz, quien este martes 20 de septiembre se sumó a las filas guindas.

La vía para lograr lo que el inquilino de Palacio quiere, es variada pero la más deleznable es la compra de legisladores.

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