Llama Congreso a establecer precio de garantía para productores

Solicitan mayores apoyos para el campo ante la inflación y el incremento de insumos.

A propuesta de la diputada María Elida Castelán Mondragón, en nombre del grupo parlamentario del PRD, el Congreso local solicitó a la Secretaría del Campo que, en el ejercicio fiscal 2023, en colaboración con la dependencia federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), celebre convenios para la creación de una política pública que permita aplicar el precio de garantía en favor del sector agropecuario mexiquense.

La legisladora compartió que la inflación en la primera quincena de agosto alcanzó 8.62 por ciento y que una alza así en el costo de los artículos básicos no se había registrado desde el año 2000, por lo que enfatizó en la necesidad de apoyar y acompañar al sector agropecuario ante las adversidades por el incremento de insumos y la incertidumbre en la comercialización de sus productos.

La proponente recordó que el Estado emprendió un programa de precios de garantía para productores alimentarios básicos a cargo de Segalmex, cuyos objetivos son que los pequeños productores de maíz, frijol, leche, arroz y trigo complementen sus ingresos y aumenten su producción por los precios de garantía que el gobierno garantiza a los productores.

Por otro lado, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, planteó modificar el Código Penal estatal para considerar homicidio calificado cuando se realice con crueldad u odio manifiesto motivado por discriminación, condición social, discapacidad, religión, raza, orientación sexual o identidad de género de la víctima.

La propuesta, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, también propone penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad a quien, por razón de identidad de género impida, menoscabe o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato a las personas.

Al compartir que el año pasado hubo al menos 78 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual, Queer) por razones de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y que al menos 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias, el legislador aseguró que su iniciativa es un posicionamiento contundente en contra de aquellos actos que vulneran la tranquilidad y libertad de todas las personas en conducir su propia vida.

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