“Palo” a la Ley de Seguridad Interior, SCJN no la aprueba


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la cual había sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad en México.
La Ley fue impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto y buscaba formalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la legislación. Sólo el ministro Pardo defendió su proyecto.
El proyecto del Ministro Jorge Pardo planteaba que el Congreso sí tiene facultades para legislar en el tema de seguridad interior.
Seis de los ministros consideraron que el Congreso no tenía la facultad para emitir la Ley de Seguridad, entre ellos: Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío, José Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
En tanto, el Ministro presidente, Luis María Aguilar, y el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz se pronunciaron en torno que el Poder Ejecutivo sí tenía facultad para expedir la ley, pero que la legislación debía ser anulada por numerosos defectos.
La Ministra Margarita Luna consideró que el Congreso sí puede legislar en la materia, sin embargo se pronunció a favor de declarar la invalidez de la Ley, aunque no pudo votar durante la sesión porque tuvo que retirarse para atender una comisión oficial.
Al menos seis ministros coincidieron en que la seguridad interior es una función que la Constitución reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Marina. Y destacaron que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, por medio de las policías.
Luis María Aguilar, el Ministro presidente, consideró que el Congreso sí podía emitir la Ley, sin embargo, señaló que todos los artículos que buscaban normalizar o quitarle su carácter excepcional a la participación del Ejército en la seguridad pública debían ser eliminados; y si así sucediera la Ley quedaría desarticulada.
Por ello, Aguilar consideró necesario una nueva legislación que dé certeza jurídica.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República, sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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