SALUD


Por Fabiola Guarneros Saavedra

Los primeros 16 días del nuevo gobierno han sido intensos, polémicos, de confrontación y de diálogo, de búsqueda de acuerdos con empresarios, gobernadores y entre Poderes de la Unión. En esas dos primeras semanas también se han dado a conocer propuestas y acciones en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura y energía… Demasiados asuntos para procesarlos todos y valorarlos en su justa dimensión.
Por eso, en esta ocasión me quiero detener en el acuerdo que firmaron los gobernadores de ocho estados con el Ejecutivo Federal para hacer efectivo el acceso a la atención médica y a medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social, lo que llamaron “federalización del sistema de salud”.
Este acuerdo parte de un diagnóstico certero: El sistema de salud en nuestro país se encuentra fragmentado, deteriorado, abandonado, saqueado y sin recursos suficientes.
Las clínicas y hospitales de los servicios estatales están sobrecargados y no cuentan con medicamentos, insumos, equipo y personal necesarios para ofrecer una atención de calidad. Las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud también están en crisis.
Los intentos de reformar el sistema de salud, primero, con la descentralización de los servicios hacia los estados y, posteriormente introduciendo el Seguro Popular, no han dado los resultados esperados.
La aplicación de los recursos no ha sido transparente, ni ha llevado a la mejora de las condiciones de salud de la población, por el contrario, hubo corrupción, saqueo, desvío y robo.
Según lo informado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, existen en el país 250 unidades médicas destinadas a la población sin seguridad social, que están abandonadas, en obra inconclusa o con necesidades de equipo, “que son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias”.
Y es cierto, la Secretaría de Salud presentó 70 denuncias por desvío de recursos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un monto de mil 150 millones de pesos, según lo informó José Narro en octubre pasado, cuando todavía era titular de la dependencia.
Las irregularidades se detectaron en 15 entidades federativas, la mayoría de los recursos desviados o robados eran para el Seguro Popular.
El Seguro Popular fue la caja chica de muchos gobernadores. Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz lideraron la lista de entidades con más irregularidades y desvíos de recursos de esa partida.
La Auditoría Superior de la Federación denunció ante la PGR el posible desvío de 7 mil 869 millones de pesos del Seguro Popular entre los ejercicios 2011 a 2015. El 50% del quebranto al erario se cometió en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, y el 30% en Michoacán; el resto, en otras entidades del país.
En 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó de nueva cuenta que los desvíos de recursos del Seguro Popular ascendieron a 6 mil millones de pesos.
En Jalisco, por ejemplo, la auditoría detectó en 2017 un quebranto de 167.6 millones de pesos, una de las causas fue por comprar medicamentos a sobreprecio.
Por eso, en la nueva propuesta de la Cuarta Transformación desaparecerá el Seguro Popular y una parte de los recursos serán administrados desde la Secretaría de Salud y la otra los absorberá el IMSS para su programa IMSS-Bienestar.
Otro problema —identificado por José Narro— es que hay 16 millones de personas que tienen dos o más derechohabiencias, lo que implica que dos o más sistemas de salud (IMSS o ISSSTE) reciben recursos para la misma persona.
Y, por otro lado, tenemos más de 53 millones de usuarios del Seguro Popular con una atención médica deficiente, sin camas de hospital ni médicos, enfermeras ni medicamentos. Y, además, se le destinaban recursos que no se fiscalizaron y que acabaron en los bolsillos de algunos gobernadores.
El acuerdo entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán establece que los servicios de salud los proporcionará el Gobierno Federal. La acción conjunta de las instituciones públicas de salud, federales y estatales, estará bajo el mando central de la Secretaría de Salud.

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