DEMOCRACIA Y POBREZA


Por Francisco Guerrero Aguirre

La desigualdad continúa siendo, lamentablemente, una característica indeleble de las sociedades de la región. El promedio de los índices de Gini de 18 países bajó sólo de 0.543 en el 2002 a 0.466 en el 2017, según las cifras del estudio.
El ritmo de reducción de las brechas de desigualdad es cada vez más lento. Si bien ésta se ha reducido desde el 2000, nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo, seguida de cerca por el África Subsahariana.
Las implicaciones son evidentes. Millones de pobres coexisten con élites desconectadas de una realidad lacerante, generando un sentimiento generalizado de injusticia que alimenta políticas populistas y auspicia las peores prácticas de clientelismo electoral. La democracia no puede afianzarse con la subsistencia de estos niveles de desigualdad.
Como indica la CEPAL, los altos niveles de desigualdad traban el desarrollo y son una barrera estructural a la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática.
La pobreza genera contrastes que lastiman el tejido social al interior de los países, coexistiendo niveles de desarrollo con un abismo de diferencia dentro una misma ciudad o pueblo, incluso en un mismo vecindario.
El panorama es poco halagador. La CEPAL proyecta un estimado de 182 millones de personas en situación de pobreza (equivalente al 29.6% de la población de la región) y 63 millones de personas en situación de pobreza extrema (equivalente al 10.2%).
De igual manera, la pobreza extrema alcanzó en 2018 su nivel más alto desde el 2008, lo cual es una clara señal de alerta y preocupación, especialmente ante la fragilidad de los pronósticos económicos en el mundo.
Si bien las cifras sobre pobreza se mantuvieron estables en 2018, esto ocurre después de los incrementos registrados en los niveles de 2015 y 2016, en contraste con los 12 años durante los cuales hubo una marcada reducción.
Entre el 2002 y el 2014, la cifra de personas en situación de pobreza se redujo de 226 millones (44.5% de la población) a 164 millones (27.8% de la población). En el mismo periodo, la cifra de personas en situación de extrema pobreza se redujo de 57 millones (11.2% de la población) a 46 millones (7.8%).
La incidencia de la pobreza es mayor entre habitantes de áreas rurales, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indígenas, mujeres en edad productiva y personas con menores niveles de educación.
La democracia es más que elecciones. Su fortalecimiento demanda del funcionamiento adecuado de sus instituciones y de dirigentes que gobiernen pensando en el bienestar de todos, más allá de su propia ganancia política.
La mejor manera de abatir la desigualdad no está en el populismo y el clientelismo electoral. La verdadera solución se encuentra en buenos gobiernos que impulsen la innovación tecnológica y la generación de empleos bien pagados.
La desigualdad y la pobreza erosionan el tejido democrático, agudizando la falta de cohesión social y nutriendo el desencanto con la democracia. Sólo en la medida que se atiendan las causas de la pobreza y la exclusión podrá afirmarse que la democracia cumple con su papel.
Generar condiciones que permitan una mejora en las condiciones de vida de la población es posible, como es evidente en las cifras objetivas sobre pobreza y pobreza extrema en la región durante los últimos años.
Es urgente que, más allá de la retórica, se apuntalen políticas públicas efectivas para enfrentar la desigualdad, la pobreza y los déficits de inclusión, más allá de tintes ideológicos, intereses políticos, ambiciones personales y decisiones coyunturales que suelen permear el debate y el accionar político.
Si el combate a la desigualdad es sólo un eslogan de campaña, la lucha contra este fenómeno se transforma en una pieza inútil de demagogia que alimenta aún más el desencanto ciudadano, sin transformar de fondo el verdadero reto: crear mejores condiciones de superación personal para reducir en la vida cotidiana la brecha entre pobres y ricos.

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