ATIZA SILVANO HOGUERA DEL CNTE EN MICHOACÁN


Por Jaime Arizmendi

Desgobierno en la entidad… El pasado jueves 10, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), inició en Michoacán una movilización en reclamo de miles de millones de pesos que dicen “desde hace años” les adeuda el Gobierno del estado en salarios y otras prestaciones.
Cuatro días después, los profesores disidentes endurecieron su protesta al bloquear las vías férreas de Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Caltzontzin, Nueva Italia, Yurécuaro y La Piedad, para impedir el paso de ferrocarriles de Kansas City Southern y Ferromex. El daño ocasionado en 14 días supera los 10 mil millones de pesos.
En 14 días de bloqueo de vías, la CNTE (que exige auditar al gobierno del estado), ha causado la cancelación de contratos y afectaciones a casi 200 trenes; aparte de sostener un paro indefinido en cientos de escuelas de la entidad, plantones en más de 30 ayuntamientos, en las oficinas recaudadoras de rentas y en las afueras del Palacio de Gobierno.
Con su indolencia, Silvano Aureoles Conejo ha dejado escalar la protesta con un fin desconocido. Más aún, ante el anuncio del Gobierno de la República de completar la transferencia de mil millones de pesos para resolver la problemática, el gobernador michoacano repuso que no destinará participaciones federales para ello. Dime con quién andas, y te diré quién eres…
¿Y si me despiden?… En caso de que los empleados de confianza sean removidos de sus puestos, tendrán derecho a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este derecho fue adquirido por los trabajadores de confianza en febrero de 2016, cuando la Suprema Corte convirtió en jurisprudencia el fallo a favor que dio a un grupo de 16 mil trabajadores de confianza del Estado que en 2015 corrían el riesgo de ser despedidos.
Mientras la Secretaría de Salud asegura que el presupuesto 2019 es suficiente y no habrá recorte de personal, de los más de 350 mil trabajadores que integran el sector sanitario del país. El director general de Calidad y Educación de esa dependencia federal, Sebastián García, propuso reasignar al personal en el contacto con el paciente, en unidades de primer nivel y en hospitales.
“Concretamente en la Secretaría de Salud no se ha hablado de ningún tipo de despido, el presidente ha sido muy claro que trabajadores de base en ningún momento serán perjudicados y simplemente lo que se busca es lograr esta composición idónea, entre competencias y disponibilidad laboral…”
En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) realizó una reestructuración para asumir programas que antes operaban otras dependencias, su presupuesto se redujo en 14 mil 782 millones de pesos: en 2019 ejercerá 57 mil 343 millones de pesos.
Por ello, la Sader se encargará ahora del Programa de Abasto Social de Leche, hasta noviembre pasado a cargo de Liconsa, y el Programa de Abasto Rural que operaba Diconsa; los cuales tendrán recursos por mil 240 millones y 2 mil 147 millones de pesos, respectivamente; ambos eran ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social.
Una vez aprobado el documento, el programa Crédito Ganadero a la Palabra tendrá 4 mil millones de pesos, los subsidios para la producción de fertilizantes mil millones de pesos. Incluso el titular de la Sader ha señalado a estos rubros como “prioritarios” para la dependencia.
Al Programa de Fomento a la Agricultura se le destinarán 2 mil 886 millones de pesos; el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola contará con mil 217 millones; mientras que el Programa de Apoyos a Pequeños Productores tendrá 6 mil 131 millones.
Sin embargo, el plan para descentralizar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su futura mudanza a Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, ha metido en una vorágine de incertidumbre a miles de trabajadores. Es bajo este desolador panorama como empleados de esa dependencia acuden a laborar con la continua zozobra de llegar y encontrarse con su despido.
Peor aún, no obstante que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala en su artículo 22 que la jornada laboral máxima diurna será de ocho horas y, en su artículo 27, establece que por seis días de trabajo habrá uno de descanso; esta parece letra muerta para “jefes” de mandos medios quienes amenazan a los subalternos de ponerlos en la lista de gente a despedir “si no trabajan el tiempo que exige la Secretaría”. Así sean turnos más largos.
Vale anotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostiene que aun cuando los empleados de confianza no gocen del derecho a la estabilidad en el empleo, disfrutarán las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social como servicios de salud, aguinaldo, bono por quinquenio, seguro de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, jubilación, retiro, invalidez, rehabilitación, préstamos para la adquisición de casa estipuladas en el artículo mencionado, apartado B fracción XIV.
Abogados laboristas afirman que, si éstos trabajadores fueran despedidos, el patrón no tiene la obligación de recontratarlos. Y para poderles modificar sus condiciones laborales, tendrían que ser despedidos y reintegrados bajo las nuevas reglas; y, en caso de ver violados sus derechos, los trabajadores de confianza podrían demandar.
Así, los empleados de confianza que no quieran atenerse a las posibles nuevas disposiciones podrán negociar alguna gratificación o buscar ser reacomodados en otras posiciones. Vale anotar que antes del relevo de poderes, Villalobos Arámbula indicó: no habrá despido de trabajadores, pues utilizarán la capacidad de infraestructura de la Sagarpa y harán un análisis claro de los mandos medios y superiores.
Vale aclarar ¿Qué es un trabajador de confianza? El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo expresa: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.
“Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento”.
En el gobierno federal este tipo de trabajadores son aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la República. Los secretarios particulares de secretario, subsecretario, oficial mayor y director general de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades. Sólo quien carga el cajón sabe lo que pesa el muerto…

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