MUJERES EN RIESGO


Por Armando Ríos Piter

La declaración motivó de manera inmediata la reacción de un grupo de 22 organizaciones en 14 ciudades, quienes, indignadas y representando a las mujeres de todo el país, convocaron una serie de protestas pacíficas bajo el lema “la calle es nuestra”. De esta forma, han buscado visibilizar la lucha de autoprotección contra agresiones, acoso y desapariciones forzadas que sufren más mujeres en México.
Entre los años 2000 y 2014, en el país fueron asesinadas 26 mil 267 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que un total de 9.48 feminicidios se registran cada día en el territorio nacional. En lo que va del año, se tienen enumerados 133 feminicidios perpetrados en distintas partes de la República Mexicana.
Las noticias de la semana pasada sobre agresiones a mujeres en el Metro y el relato de una serie de intentos de secuestro pusieron nuevamente sobre la mesa los riesgos que corren las mujeres en México. También permitieron recordar que los mecanismos hasta hoy implementados han sido limitados e insuficientes para prevenir y parar lo que la propia Organización de Naciones Unidas califica ya como una “pandemia”, cuando a feminicidios se refiere en el caso mexicano.
La denuncia de alrededor de 15 mujeres atacadas ha permitido elaborar un perfil del tipo de persona que buscan los atacantes: “jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad, con cabello largo de color negro, tez morena clara, complexión delgada, en su mayoría universitarias, distraídas con el teléfono celular”. No es difícil suponer que estos crímenes están relacionados con otros, como la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha confirmado que la desaparición de mujeres adolescentes se ha incrementado de manera dramática. La frontera norte y el centro del país son las zonas más afectadas por estas desapariciones. Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010, se pasó a 612 para 2014, lo que ha significado un aumento de 974%, según dicha organización.
Los datos evidencian que vivimos una emergencia nacional, con miles de víctimas del sexo femenino que son anualmente atacadas por el crimen organizado.
Para atender esta situación se ha declarado que en las reformas al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, habrá de incorporarse el delito de feminicidio. No está claro si esto será suficiente o siquiera útil frente al cáncer que se enfrenta. Por ejemplo, el ministro Arturo Zaldívar señaló en su cuenta de Twitter: “Lo he sostenido siempre. La prisión preventiva debe ser excepcional. Es una condena sin sentencia que no disminuye la delincuencia, viola la presunción de inocencia y castiga la pobreza”.
Se requiere una política integral. El secretario general de la ONU ha dicho que “la violencia contra la mujer no es inevitable y podría reducirse radicalmente y llegar a eliminarse, con la voluntad política y los recursos necesarios”. Por eso recomienda “la promulgación de políticas y leyes inequívocas; el establecimiento de poderosos mecanismos para el cumplimiento de la ley; personal motivado y bien preparado; la participación de muchos sectores y la colaboración directa con los grupos de mujeres de la localidad, las organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos y los profesionales”.
Las recientes movilizaciones en el país, junto con la instalación del Parlamento de Mujeres, que busca fortalecer el andamiaje institucional para erradicar todo tipo de agresión, son una oportunidad importante para aprovechar toda la energía social que permita enfrentar este flagelo. La prisión preventiva en materia de feminicidio no será suficiente.
Es fundamental promover, ampliar y consolidar la fuerza presenciada en estas últimas semanas, para construir una política de Estado efectiva, que garantice a cualquier mujer vivir en paz, ser respetada y desarrollarse plenamente en libertad. Es urgente y es de supervivencia.

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