400 inhabilitaciones ha realizado la SFP


A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha llevado a cabo alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos.
Así lo reveló en entrevista con Notimex la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el marco de la LXII Reunión Nacional de Contralores Estado-Federación 2019, en el estado de Oaxaca.
Al hacer una evaluación del primer semestre expuso: “recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”.
Como resultado de ello se han hecho todas estas inhabilitciones, más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto superior a los 657 millones de pesos.
Reveló que en efecto los medios le han dado especial importancia a casos como el de Lozoya, que quedó inhabilitado por 10 años y el director de la filial de Fertilizantes por 15 años, entre otros, por ser los más sonoros.
Pero en realidad hemos estado trabajando a marchas forzadas, y por ello adelantó que en breve se darán resultados sobre la llamada “estafa maestra” y que fue toda una red de complicidades que se aprovecharon y abusaron de las instituciones de educación superior.
Aunque se reservó mencionar los casos en los que están trabajando porque “hay secreto procesal”, insistió en que el combate a la impunidad ha sido constante, por lo que aseguró que a estas alturas “ya más o menos tenemos el control”, aunque la labor continúa y falta por hacer.
Al preguntarle sobre qué sector es el que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, comentó que lamentablemente es parejo “no hay ni para donde ir”.
Y un ejemplo es precisamente la “estafa maestra” donde se creía que nada más era Sedatu o Desarrollo Social “y no. Hemos llegado a encontrar en esta estafa maestra hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Relaciones Exteriores”.
Por dar un ejemplo explicó, “Relaciones Exteriores y funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban a la Universidad de la Chontalpa. Haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que le tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad”.
Y por eso se iban millones de pesos sin sentido. Y lo mismo pasaba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo como se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras, o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo.
“Y nos habíamos dado cuenta en esa auditorías iniciales que eran trabajos sacados de Wikipedia. Cosas cínicamente defraudadoras de los recursos”, subrayó.

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