LEGALIDAD NEGOCIADA


Por Luis F. Lozano Olivares

Como hemos escrito en muchas ocasiones, los países decentes se separan de los países globeros y bicicleteros en que en los decentes siempre hay certeza y, por lo tanto, confianza. La certeza la apuntalan dos pilares, la ley y las instituciones que se encargan de aplicarla. Son instituciones y no personas, porque hay una garantía de que las personas no podrán influir en la aplicación de la ley, garantizando así la certeza. Un ejemplo es que cuando el señor Sánchez llegó a la presidencia de España intentó desaparecer el delito de rebelión por el que estaban siendo acusados los autores del golpe del 1 de octubre en Cataluña. Dos instituciones no se lo permitieron a pesar de ser el presidente, la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial.
El Estado moderno tiene el derecho y la facultad de utilizar a la fuerza pública bajo ciertas circunstancias justificables por la Ley. En la historia de la humanidad, los gobiernos han hecho uso excesivo, injusto e injustificable de la fuerza pública. Sin embargo, las sociedades han evolucionado al igual que sus leyes y, en países decentes y civilizados, se sigue usando la fuerza pública y la gente, los derechos humanos y los periodistas no se quejan de “represión” si la acción encuentra la justificación legal. Así es como funciona.
En nuestro gris, populista y débil folclor político, nos encanta dialogar incluso cuando el diálogo es inaceptable o ilegal. Ayer nos enteramos por voz de la secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (una persona que ha jurado al menos dos veces “cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República”) que el gobierno mexicano está dialogando para lograr la paz con aquellos que violan la ley y que han manchado de sangre el territorio nacional. ¿Qué se dialoga? No sabemos.
La violencia en México no se origina por un asunto religioso o político como tantos conflictos a lo largo de la historia, cuyo desenlace se logró a través del diálogo. Nuestra violencia se genera por conflictos entre grupos de delincuencia organizada y contra las fuerzas del orden. ¿Con qué facultades legales está actuando el gobierno mexicano? Ya veremos si nuestra Fiscalía es verdaderamente autónoma.
El castigo al delito, la consecuencia penal a la conducta delictiva es el único antídoto al comportamiento antisocial. Mientras sigamos siendo el país donde se regularizan los coches chocolate, se condonan impuestos, se deja de perseguir delitos menores y, ahora, se dialogue la paz con el crimen organizado, no seremos una nación en condiciones de desarrollarse.
No hay otra receta, la ley es la única manera de vivir en convivencia de una manera civilizada. Pero en México de una u otra manera siempre se premia al que la incumple, dejando en indefensión al que la cumple. Un ejemplo es que un ciudadano no puede andar armado por la calle de manera legal, pero hay miles de delincuentes armados por la calle de manera ilegal. ¿Quién tiene la ventaja? Y no estoy de acuerdo con que ande todo el mundo armado, sólo es para ejemplificar el argumento. Es la conducta de meterse en la fila que generan dos mexicanos de los que estamos llenos, el abusivo y el dejado.
Nuestra sociedad está verdaderamente enferma y desorientada. Nos urge educar a las siguientes generaciones para que entiendan que el progreso y el desarrollo se logra respetando la ley y estudiando y trabajando.
Los economistas llevan ya un par de años avisando sobre una posible recesión económica global. La economía alemana, que es el motor de Europa, muestra signos de contracción económica. El presidente Trump urge a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés para tratar de mantener la economía andando. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, todos son nubarrones en el horizonte. El problema es que México no está en el mejor momento para enfrentar una recesión global. Se vienen tiempos complicados que, paradójicamente, serían mejor enfrentados con una economía liberal.

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