Reapertura del caso Tlatlaya, oportunidad contra la impunidad en el Edomex


Los hechos se dieron durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas

Luego de que un tribunal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida en junio de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que esto es una oportunidad contra la impunidad y por la rendición de cuentas en el Estado de México.
A través de redes sociales, el Centro Prodh manifestó que la resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, “tal y como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos.
La organización detalló que el dictamen también acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios y que es una evidencia de que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los soldados fue parcial.
Los sangrientos hechos que se dieron en el sur mexiquense fueron durante la administración gubernamental de Eruviel Ávila Villegas quien tuvo que ver mucho en las investigaciones sobre todo el reconocimiento a las fuerzas castrenses: “Quiero expresar mi agradecimiento al Ejército Mexicano, a las fuerzas armadas, a la Marina, a la Policía Federal porque juntos estamos trabajando para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad que son los delincuentes.
El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece su acción decidida, contundente”
De acuerdo con reportes en medios, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe regresar a prisión a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.
Por lo anterior, el Centro Prodh indicó que regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva.
Asimismo expuso que concuerda con los recientes cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU a México sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias.
Y añadió que el fallo “abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no solo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar a juicio los perpetradores”.
En un comunicado, el Centro Prodh recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería. No obstante, investigaciones periodísticas y testimonios de sobrevivientes revelaron que un número, hasta ahora indeterminado de estas muertes, fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables; así como tortura a las personas que no murieron, con el fin de que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.

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