JAVIDÚ: EL CONSENTIDO DE LA 4T


Un tribunal federal concedió un amparo a Javier Duarte de Ochoa, dejando sin efecto la vinculación al proceso por el delito de peculado, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que habrá nueva audiencia para determinar si continúa en prisión o es dejado en libertad.

Se dice por ahí que algo raro está pasando con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien en esta administración federal goza de ciertos privilegios o como lo interpretarían muchos, es el consentido de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues desde su detención ha gozado de ciertos privilegios.
Un tribunal federal concedió un amparo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anulando un proceso en su contra por el delito de peculado por 220 millones de pesos (unos USD 11.5 millones). El amparo fue promovido por su abogado defensor, Ricardo Antonio Reyes Retana.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal elimina la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso al ex funcionario el 20 de mayo de 2018, y que cumple en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Pese a la decisión del juez, Duarte seguirá en prisión debido a que está cumpliendo condena por otros delitos.
Este fallo del tribunal federal ordena a un juez del fuero común dictar una nueva resolución, para decidir decidir si vincula de nuevo o no a proceso al ex gobernador, y si modifica o rectifica la prisión preventiva. La resolución también insta al juez de control a analizar debidamente los hechos que llevaron a fincar un proceso legal contra el acusado, ya que presuntamente fue vinculado a proceso sin evidencia concreta sobre su participación en la malversación de fondos públicos.
De acuerdo a la solicitud de amparo que trascendió en los medios, “es evidente que los argumentos y razones que dio el Juez de Control responsable para establecer la vinculación a proceso del hoy quejoso por el hecho que la ley señala como delito peculado y la probabilidad de que éste lo cometió a título de autor intelectual, así como para señalar que hasta ese momento no operaba a su favor alguna causa de exclusión del delito o responsabilidad, y los correspondientes para dar respuesta a los cuestionamientos y alegaciones que hizo la defensa en torno a que existía atipicidad porque no se daban los elementos que mencionó de ese; resultan lacónicos y por ende, una inadecuada fundamentación y motivación”.
Según el tribunal, tampoco se observa que “haya definido de manera clara y concreta por cuál de las dos conductas que prevé ese numeral se seguirá el proceso, es decir, si probablemente el hoy quejoso a título de autor intelectual utilizó o si dispuso el dinero material de los hechos, y si ese numerario lo recibió en administración, deposito o por otra causa en razón de su cargo”.
La Fiscalía General de Veracruz acusó a Javier Duarte de desviar hacia el erario local fondos correspondientes a la Comisión del Agua, organismo descentralizado, en el año 2014, cuando era gobernador de ese estado. Esos 220 millones de pesos malversados no se devolvieron, por lo que quedaron incompletas obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado en zonas urbanas, según la Fiscalía estatal.
Pese a esta victoria judicial, Duarte seguirá en la cárcel, pues fue condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero. Duarte dejó el cargo público el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción. Sin embargo, se convirtió en prófugo de la Justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra y ese mismo mes fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras seis meses en búsqueda, el ex gobernador fue detenido el 15 de abril de 2017 en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el Departamento de Sololá, Guatemala, desde donde fue extraditado a México.
Su esposa Karime Macías compareció la pasada semana en Londres ante un juez; está pendiente de una posible extradición a México. Tras una audiencia de seis horas, Macías quedó libre con una fianza de 150,000 libras esterlinas (más de 3 millones de pesos).

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