SIN ACLARAR 183 MIL MDP, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EDILES Y EX GOBERNADORES: ASF

Desde 2012, el órgano fiscalizador emitió denuncias por 37 mil 605 millones 600 mil pesos tras fiscalizar a las instancias en mención.

Gobernadores, Presidentes municipales y universidades públicas de los 32 estados han arrastrado 183 mil 100 millones 700 mil pesos de recursos federales para gasto programable pendientes de solventar de 2012 a enero de 2018, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estos más de 183 mil millones de pesos equivalen a cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 2018, el cual es de 43 mil 196 millones de pesos.
Esto se permite por la impunidad que cultiva la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y sus espejos en cada entidad, ya que el 99.4 por ciento de las denuncias del órgano autónomo ante la institución no han acabado en alguna sentencia desde hace 20 años de fiscalización, aseguró en entrevista Leonardo Núñez González, politólogo y especialista en transparencia y rendición de cuentas.
Veracruz (36 mil 266 millones de pesos), Michoacán (21 mil 13 millones), Guerrero (13 mil 296 millones), Estado de México (12 mil 234 millones) y Jalisco (10 mil 787 millones) son los estados que más acumulan los montos sin solventar desde hace seis años, reveló el informe de Cuenta Pública 2016 del órgano fiscalizador.
“Estos números monumentales que van arrastrando los estados no solamente muestran la impunidad del sistema, sino que muestran también que estamos ante desfalcos de los cuales no hemos encontrado la manera de recuperar el dinero”, aseguró Núñez, autor de “¿Dónde quedó la bolita?”. “En el caso de las universidades estatales, el dinero acaba en manos de empresas fantasmas”.
La función de la ASF es documentar y evidenciar los desvíos, no recuperar el dinero ni castigar a los responsables. Sin embargo, las observaciones de irregularidades, principalmente del gasto federalizado de gobernadores, “llegan a oídos sordos” no solo de la SFP o la PGR, también de la Cámara de Diputados, la cual recibe el informe de Cuenta Pública, dijo el politólogo.
Los diputados no conocen detalladamente el contenido y señalamiento de las auditorías. De acuerdo con un estudio del CIDE, expuso Núñez, el 22 por ciento de los diputados federales encuestados no conoce la existencia de los informes generales de la ASF y el 65 por ciento desconoce la supervisión.
La Auditoría Superior, después de fiscalizar el uso de recursos públicos y tener evidencia sustentada de que se cometió un delito, como la simulación de reintegro de los recursos, entrega una denuncia a la PGR con un escrito que detalla de manera pormenorizada los hechos que halló.
Desde 2012, el órgano fiscalizador emitió denuncias por 37 mil 605 millones 600 mil pesos tras fiscalizar a gobernadores, ediles y universidades públicas, reportó en su Cuenta Pública 2016. También dio denuncias por 8 mil 8 millones 100 mil pesos por simulación de reintegración por parte de las autoridades estatales, municipales o de universidades públicas. En total, 38 mil 675 millones 200 mil pesos.
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Jalisco, los estados que más concentran dinero público por solventar desde 2012, han cambiado de gobernador durante ese periodo, pero no todos sus sucesores han investigado las auditorías de quienes les entregaron el cargo.
El ex priista Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz de 2010 a 2012; Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reyna García (PRI), Salvador Jara Guerrero (académico) y Silvano Aureoles Conejo (PRD) han gobernado Michoacán desde 2012; Ángel Aguirre Rivero (PRD) y Héctor Astudillo Flores (PRI) han gestionado Guerrero desde entonces; Eruviel Ávila Villegas (PRI) gobernó el Estado de México en el periodo auditado; y Emilio González Márquez (PAN) y Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) han administrado Jalisco.

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