Ley de Amnistía está en riesgo de no aplicarse: Segob


Olga Sánchez Cordero estableció que la Ley aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, podrá quedar en “letra muerta”

A pesar de todos los esfuerzos jurídicos y legislativos para concretarla, la recién aprobada Ley de Amnistía podría quedar sólo como una buena intención o como “letra muerta”, debido a que, en caso de aprobarse en el Senado, los Congresos de los estados podrían no aplicarla y mucho menos crear leyes en la materia a nivel local.
En declaraciones a una organización periodística, Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, reconoció que el artículo segundo transitorio de dicha ley establece que la dependencia a su cargo está facultada para promover la emisión de la amnistía en al ámbito local para delitos semejantes contemplados en la misma, “por lo que si algún estado no quiere expedir una Ley de Amnistía no se le puede obligar, porque son libres y soberanos”.
Sánchez Cordero estableció que la Ley aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, podrá quedar en “letra muerta” si los estados no se comprometen a tener una ley similar. De ahí, que la Secretaria a su cargo tendrá que hacer mucha promoción.
“Yo haré mi mejor esfuerzo, para que los estados puedan llegar a expedir la Ley de Amnistía correspondiente, pero yo no puedo imponerme, yo sólo tengo la atribución de buenos oficios de promoción a esta nueva ley de amnistía en los estados, pero más allá no es mi competencia porque es una Ley Federal y obviamente ellos tiene el ámbito de competencia estatal”, externó.
A pesar de los señalamientos que se han emitido sobre sí la Ley de Amnistía podría dejar en libertad a delincuentes menores, lo que es cierto, es que este cambio en el marco legal beneficiará a mujeres que han sido acusadas por aborto o por delitos de razón de parentesco.
La organización AsíLegal, colectivo que promovió desde el Congreso esta Ley, establece que más allá de lo que se apunta sobre la puesta en libertad de personas que son acusadas por diversos delitos, lo que deja claro es que habrá de beneficiar a mujeres que están privadas de su libertad por haber tenido un aborto espontáneo, a profesionales de la salud o en su caso a familiares que hayan auxiliado a la interrupción del embarazo.

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