SEGURO POPULAR FUE SAQUEADO


Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, detectó 7 mil 800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular de 2007 a 2016 y la Secretaría de Salud y el Insabi preparan denuncias penales por daño patrimonial.
El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados se denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
Al cierre de la pasada administración se informó de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó 7 mil 800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular de 2007 a 2016.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó que la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) llevan a cabo las investigaciones correspondientes y preparan denuncias penales por presunto daño patrimonial.
“El dato llamativo aquí es que estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de 7 mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular”, dijo durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Aquí ya estamos trabajando con los OIC de la Secretaría de Salud y del Insabi para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte que fueron estos siete mil 800 millones de pesos”.
Mencionó que también descubrieron que en 2008 se utilizaron debidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas no acreditadas dentro de esta figura jurídica del Seguro Popular.
“Y también este proceso, este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal y ya estamos en proceso de judicializarlo, bueno, ya está judicializado de hecho, pero nosotros en lo administrativo ya estamos también deslindando las responsabilidades en particular”.
La secretaria detalló que el sector salud es la entidad de gobierno que más denuncias presenta en la administración pública y refirió que como resultado de la vigilancia de la SFP se investigan presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos en el ISSSTE.
Añadió que 45 por ciento de las más de 34 mil denuncias presentadas ante la dependencia se concentran en 10 instituciones, destacando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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