TEPJF DEVALÚA LA BOLETA

Por José Buendía Hegewisch

La sorprendente decisión del Tribunal Electoral de subir a Jaime Rodríguez El Bronco a la boleta —descalificado por el INE por trampas— vuelve al centro del debate la necesidad de transparentar los acuerdos políticos que designan a los magistrados para entender sus decisiones y rendir cuentas. La controversia, sin embargo, reaparece en un muy mal momento por proyectar desconfianza en la elección presidencial. El fallo tensa el ambiente y exhibe la forma de actuar que socava la credibilidad de la institución que calificará y legitimará las urnas.
El significado del fallo del máximo órgano de justicia electoral no tiene la acepción de lo peregrino o extraordinario que incluye lo sorprendente. Sí de lo raro. Ésa es la lectura de candidatos, juristas y la opinión publicada, incluso de los magistrados que se opusieron al dictamen en una votación dividida. El significado depende del contexto y, en el caso de un tribunal integrado con dudosa imparcialidad, se lee que favorecen a una persona más que a otras por algún motivo particular o político. Pura incertidumbre. ¿A qué interés responden los magistrados? El arrojo de disponer de la boleta con ardides legales es lo que, en el fondo, más sorprende. La papeleta para votar puede ser manipulada desde una decisión judicial, se piensa. Y para tener esa idea basta la argumentación de la presidenta del Tribunal, Janine Otálora, para rechazar el dictamen: Las autoridades… “no podemos permitir que cualquiera que aspire a un cargo de inicio realice acciones que cuestionen su ética y compromiso con la democracia”. Y —cabe agregar— se avale llegar a sabiendas que hubo trampas, con una contravención disimulada de la ley.
El INE había negado el registro a El Bronco por presentar más de un millón de firmas falsas o irregulares que, descontadas, dejaban el número por abajo del umbral requerido. Incluso si en su obtención se usara el padrón, ello se castiga con cárcel. Pero el Tribunal no reparó en ello, incluso los magistrados diluyeron el engaño en omisiones de la ley para dar el indulto por considerar que el INE le violó derechos procesales.
Los candidatos, en general, recibieron con postura acrítica al quinto acompañante en la boleta, aunque infringiera la ley, salvo Zavala, quien criticó el “engaño”. Aunque el fallo devalúa la boleta, esta vez no se escucharon críticas como hubo cuando la PGR manipuló las acusaciones por corrupción contra Anaya con intenciones electorales. El aval del Tribunal puede meter el proceso a una trampa mayor y excavar la credibilidad de otra institución clave para la elección. ¿Quién se beneficia?, nadie, ni siquiera al PRI que es al que ayuda la mayor fragmentación del voto. Mal cálculo político o quién sorprendió a los magistrados.
Tan sólo hay que recordar que el polémico fallo del Tribunal sobre la impugnación de la elección de 2006 y su “rocambolesca” argumentación sobre la validez del proceso,precipitaron la crisis política de las presidenciales de 2006. En aquella ocasión diría que no podía “determinar” hasta dónde medios irregulares afectaron el resultado de la elección; ahora su presidenta se pronunció contra el dictamen porque no se puede avalar cualquier medio para aspirar al poder.
La tentación de valorar con distintos raceros medios y fines en la actuación del Tribunal evidencia la politización de la justicia. Es el problema que más desconfianza genera en el Estado de derecho y es responsabilidad de la autoridad. El Tribunal y otras instituciones han formado parte de la fórmula de la “autonomía” para recuperar el equilibrio constitucional de controles del poder ante al desgaste por los excesos del presidencialismo, aunque sin que en su integración se modifique la selección opaca y la distribución encubierta de cuotas partidistas. ¿Quién toma las decisiones en el Tribunal?, la pregunta sobre su actuación o antes de la PGR en el proceso no sorprende a nadie. Otra muestra de que la fórmula se ha desgastado en la percepción de simulación y encubrimiento.

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