Función Pública propone colaborar con Auditoría contra corrupción

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ofreció a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabajar de manera conjunta, luego de destacar el papel de los órganos internos de control como elementos centrales en el combate a la corrupción.
En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que su titular señaló lo anterior al recibir en sus oficinas a David Colmenares Páramo, nuevo auditor superior de la federación y a los titulares de los órganos estatales de control.
Destacó el objetivo conjunto que comparten ambas instituciones para establecer mecanismos de control, vigilar el desempeño de la gestión pública y el adecuado manejo del presupuesto bajo los principios de economía, transparencia y honradez.
La secretaria felicitó al nuevo auditor por su nombramiento y destacó que los espacios de corrupción, opacidad e impunidad se pueden cerrar en la medida en que los mecanismos de control, vigilancia y sanción sean efectivos.
En ese sentido, recordó la importancia de trabajar juntos en el combate a la corrupción, pues ninguna organización por sí sola tiene la capacidad de enfrentar con eficacia el problema.
De ahí la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia coordinadora, cuyo diseño exige la colaboración de las instituciones vinculadas con la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas o hechos de corrupción.
También reconoció los cambios realizados en los últimos cinco años para mejorar la calidad del servicio público, aunque insistió en que éstos se deben articular con base en el modelo de Gobierno Abierto y dirigidos a fortalecer el Estado de derecho.
Este modelo, aseveró, fomenta la transparencia del gobierno y la apertura al escrutinio público, con base en los principios de integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana, mediante el uso de las tecnologías digitales.
Reiteró además que SFP, ASF y contralores estatales “tenemos un papel específico y cardinal en la consolidación del orden jurídico que hemos desarrollado para combatir la corrupción, incrementar la confianza en las instituciones e incentivar el crecimiento del país”.

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