Crimen organizado usa puertos para el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales


En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados.
Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, según diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los métodos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.
Los esfuerzos para acabar con la corrupción en los puertos y aduanas —como la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia— no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se trazó un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tráfico de personas en la frontera sur.
En el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se anunció un plan de modernización de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasión y erradicar la corrupción.
En 2009 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales serían reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selección. Los nuevos agentes estarían a cargo del despacho de pasajeros y mercancías y de inspecciones fiscales, mientras que los policías fiscales removidos serían investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Ahora, López Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima.
En el mismo evento, Horacio Duarte, informó de que en la Administración General de Aduanas que él dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y están sujetos a investigación por posibles actos ilícitos.

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