¿QUÉ SE DESCARRILÓ: EL TREN O EL ESTADO?

Por María Amparo Casar

El sábado tuvimos noticia del sabotaje a un tren de carga que se dirigía de Veracruz a Puebla para robar su mercancía: básicamente granos. Podían haber sido productos químicos y la tragedia hubiese sido incalculable. El sabotaje provocó el descarrilamiento de 39 carros y 4 locomotoras que acabaron por impactarse con otro tren en el patio ferroviario de Orizaba. Por su espectacularidad, la mayoría de la prensa cubrió este acto de sabotaje, pero la práctica es frecuente. En los primeros cuatro meses del año las empresas Ferromex y Ferrosur suman mil 986 carros de ferrocarril robados y, en las últimas tres semanas, se cuentan siete descarrilamientos. Ferrosur calcula alrededor de 280 millones de pesos en ventas perdidas, 41 millones en sustracción de bienes de sus trenes y 175 millones más en reparación de vías, locomotoras y carros vandalizados en 2018. Esto, además de la afectación al tránsito de mercancías, pues al detener a los trenes o evitar su paso se impide que las importaciones que llegan al puerto puedan salir a su destino y las exportaciones —por ejemplo, automóviles— no puedan llegar al suyo.
Así como los ciudadanos, los empresarios de cualquier empresa —pequeña, mediana o grande; industrial, comercial o agropecuaria— tienen derecho a la seguridad para llevar a cabo sus actividades. Pues eso no ocurre en México. Tampoco sus trabajadores están protegidos. Constantemente padecen la extorsión de los delincuentes. O los dejan robar o los amenazan de muerte. Se dan el lujo de mandar recados como: “O piden que los elementos de seguridad pública se retiren o ustedes sufrirán las consecuencias”.
Ante la ausencia o incapacidad del gobierno para proteger las vías generales de comunicación del país, Ferromex se vio obligada a contratar a dos mil guardias privados y a crear un área especial de seguridad con más de 50 personas para evitar un mayor número de ataques y robos, monitorear la operación de los trenes y diseñar estrategias de logística para que los ferrocarriles circulen con menores riesgos. Lo que gasta esta empresa en seguridad al año son mil 200 millones de pesos o 3% de su ingreso.
Para dimensionar el personal y gasto en seguridad privada de una sola empresa, piénsese en lo siguiente. En 2013 se decretó la creación de un cuerpo policial de élite civil con formación militar denominado Gendarmería Nacional. Su propósito era proteger la seguridad de las personas y las fuentes de trabajo “relacionadas con los ciclos productivos que se encuentren en riesgo frente a amenazas de la delincuencia”. Agregaba el gobierno a la motivación de su creación: “La Gendarmería realizará acciones de seguridad para prosperar”. Su fundamento legal está basado en los artículos 1º y 5º de la Constitución, por lo que se refiere a la protección de un derecho fundamental: que nadie impida a las personas trabajar en las actividades lícitas que decidan. Este cuerpo de élite contaría con cinco mil efectivos —tres mil de proximidad y dos mil de reacción— y un presupuesto inicial de mil 500 millones de pesos.
O sea, una sola empresa contrata, para poder operar, a dos mil guardias privados, que equivalen al 40% de toda la Gendarmería Nacional y emplea mil 200 millones de pesos en la seguridad que les debería proveer el Estado, que equivalen al 80% del presupuesto originalmente destinado a la Gendarmería.
La violencia y ausencia de seguridad en México va mucho más allá de los dos temas que más atracción provocan en el debate público: la relacionada con los cárteles de la droga y la que afecta al ciudadano común en su vida diaria: robo a casa habitación,
a transeúntes, a establecimientos comerciales o robo de automóviles.
Cuando en las encuestas sobre expectativas económicas y confianza empresarial aparece la falta de seguridad como el principal problema (por encima de la corrupción, que se coloca en segundo lugar) de lo que se está hablando es de los costos humanos y materiales en que incurren las empresas porque el Estado no cumple con una de sus tareas fundamentales: proteger a los ciudadanos de los criminales que amenazan sus vidas, su propiedad o su actividad laboral. Pero también de desincentivar la inversión y disminución de la productividad.
La industria de la delincuencia dedicada al descarrilamiento de trenes y robo de la mercancía que transportan crece año con año. Tan sólo en 2017 se cometieron mil 752 robos a trenes o un promedio de 4.8 diarios. En lo que va de este año (enero-abril) la cifra subió a más de 16 al día.
Y no sólo es la industria ferroviaria. Lo mismo ocurre con la agropecuaria, con la del transporte carretero, con la de electricidad o con la del gas y el petróleo. No se oye a los candidatos hablar de esta problemática. Nos dicen que invertirán más en seguridad, pero ¿para que el resultado sea más inseguridad?

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