Caso Ayotzinapa: la fiscalía tiene en la mira al Ejército


Después del descubrimiento del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en seis años, la Fiscalía General de la República (FGR) apunta ahora a uno de los grandes tabúes de la investigación de Ayotzinapa: la participación directa en los hechos de elementos del Ejército, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos.

El capitán José Martínez Crespo se convirtió el 13 de noviembre en el primer militar detenido en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 6 años en Iguala, Guerrero. Sin embargo, las peticiones de información que ha hecho la FGR a la Secretaría de la Defensa (Sedena) en los últimos meses han recibido indistintamente el silencio por respuesta. Sobre todo cuanto se tratan de “peticiones de acceso a documentos que ayudaría a acceder a la cadena de mando”, explicó El País.

Los investigadores tienen en la mira “a unos 30 militares, entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando”. Entre ellos estarían los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.

El capitán segundo de infantería, José Martínez Crespo, fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que estuvo presente la noche del 23 y la madrugada del 24 de septiembre del 2014, cuando fueron atacados los camiones al interior de los cuales se transportaban los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”.

También es uno de los tres militares señalados por las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por haber estado activos en el lugar y el momento de su desaparición. Los otros dos personajes son el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota. Los tres son elementos pertenecientes al 27 Batallón de Infantería.

Al capitán Crespo se le tiene ubicado en dos lugares diferentes de Iguala en aquella noche: el hospital Cristina, donde estaban resguardados algunos de los normalistas que sobrevivieron al ataque, y también en la comandancia de Iguala en compañía de otros 12 militares del batallón en cuestión. En esta segunda locación, la periodista Anabel Hernández junto a Seve Fisher reportaron que el mando militar habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García por supuestas pesquisas en torno a una “motoneta blanca” que intentaban ubicar.

Anabel Hernández, para el medio DW, relató la manera en que pudo conseguir los primeros testimonios que le permitieron ubicar a José Martínez Crespo como uno de los personajes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Ella hizo el recuento en memoria de Pablo Morrugares, el periodista guerrerense asesinado el pasado 2 de agosto. Anabel relata que fue gracias a él que se confirmó la plática del capitán con el juez de barandilla.

Según Anabel, Pablo vivía cerca de la calle Juan N Alvarez, en la cual ocurrió el último de los ataques armados de aquella noche en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Desde un supermercado cercano, el periodista fue testigo de cómo, tras la balacera, dos uniformados descendieron de vehículos militares y se acercaron a los cuerpos de Daniel y Julio César. Ambos fueron alcanzados por las balas de personas con prendas civiles y apariencia militar que atacaron a los estudiantes. Sin embargo, los militares que se aproximaron a los cuerpos no les dieron auxilio, sino que les apuntaron con el rifle y patearon para comprobar si seguían vivos. Cuando observaron que no reaccionaban, los militares abordaron el automóvil y se retiraron.

Ya en 2015, el grupo de expertos que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó a México a investigar el caso insistió en indagar al Ejército. Los expertos señalaron tres puntos. Primero, el recorrido y las motivaciones de los militares que actuaron sobre el terreno en las horas clave. Segundo, las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos, y el nivel de conocimiento que estos últimos tuvieron del ataque. Y tercero, los posibles vínculos de militares del batallón de Iguala con Guerreros Unidos.

En octubre de 2014 apareció una manta en Iguala con un mensaje firmado por El Gil. Señalado como responsable operativo de Guerreros Unidos en la noche del ataque contra los estudiantes, Gildardo López, El Gil, fue detenido en 2015 y luego liberado en 2019 por falta de pruebas.

El mensaje señalaba a los jefes de policía de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco y otros municipios de la región de ser parte de la red de Guerreros Unidos, así como sus alcaldes. Varios de los jefes de policía de los pueblos de la región habían sido anteriormente militares. Entre ellos, el jefe de policía de Tepecoacuilco, José Guadalupe Salas; el de Iguala, Felipe Flores; el de Cocula, César Nava, y también los de Apaxtla y Taxco.

 

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