Turquía aprobó una polémica ley que incrementa el control del Gobierno de Erdogan sobre las organizaciones civiles

El Parlamento de Turquía ha adoptado en la madrugada de este domingo una ley que facilita el cierre administrativo de organizaciones civiles si las autoridades sospechan vínculos con una agrupación terrorista, informa hoy la prensa turca.

El Parlamento aprobó la ley tras un debate enormemente tenso, en el que incluso hubo agresiones físicas entre los diputados, con los votos del partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, y su socio de coalición, el ultranacionalista MHP.

La norma, titulada “Ley para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva” prevé que el Gobierno turco congele los fondos de organizaciones definidas en resoluciones de Naciones Unidos y prohíba el tránsito de material destinado a armas nucleares, pero incluye numerosos otros apartados que amplían los poderes del Ministerio del Interior.

Así se podrán congelar también por decisión administrativa los fondos de cualquier persona u organización sospechosa de colaborar con una organización tipificada como terrorista por la Justicia, aunque la decisión debe ser luego ratificada por un juzgado, señala el diario turco Evrensel.

También se podrá interrumpir cualquier campaña de donaciones “no autorizada” en internet, bloquear las páginas e imponer multas por valor de hasta 20.000 euros a sus responsables.

En conjunto “la ley no es predecible” porque deja “un enorme margen de decisión al Ministerio del Interior”, opinó en declaraciones con el digital turco Bianet la jurista turca Sule Özsoy-Boyunsuz.

“El Gobierno se puede despertar una mañana, escoger una ONG y cerrarla al día siguiente”, resumió la académica.

El jueves pasado, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió contra la proposición de ley, señalando que su objetivo es “limitar y restringir las actividades legítimas de cualquier organización no gubernamental que no le guste” al Gobierno.

“Es una herramienta peligrosa para limitar la libertad de asociación”, concluye HRW.

 

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