PARARÁN 2 BOCAS Y TREN MAYA


Trabajadores de la refinería denuncian que el sindicato les exige $100 pesos diarios por trabajador, mientras que en caso del Tren Maya, una Jueza federal avala la suspensión por tres demandas de amparo.

Dos de los tres proyectos considerados “emblemáticos” para la administración de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran en vilo. Se trata de la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
En el primero de ellos, centenas de trabajadores de la empresa Ica Flour mantienen un paro de brazos caídos desde el pasado lunes en la zona de construcción de la nueva refinería, en el municipio de Paraíso, Tabasco, en exigencia de mejores salarios, condiciones laborales y reducir las horas de trabajo, además de ser atendidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Pero, además reclaman que el sindicato, liderado por Ricardo Hernández Daza, les exige 100 pesos diarios de “moches” a los empleados para dejarlos trabajar.
En este caso, acusan además condiciones inadecuadas, ya que no cuentan con zonas de hidratación y comedores salubres y, por si ello no bastara, los horarios laborales son de 12 a 13 horas diarias en la mega obra del Gobierno federal.
Hay que mencionar que ICA realiza por 34.9 millones de dólares el desarrollo del paquete 1, el cual incluye la planta combinada y la planta de coquización retardada.
Por lo que respecta al Tren Maya, la jueza del Cuarto Distrito en el estado de Yucatán, ordenó la suspensión provisional de obras en el tramo III del Tren Maya al admitir tres demandas de amparo presentadas por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MÍA) otorgada por Semarnat a Fonatur.
Dicha suspensión estará vigente hasta que se dicte la suspensión definitiva en el juicio por los actos reclamados. El alcance de la determinación de la juez es para el tramo 3, puesto que en este tramo están asentadas las comunidades representadas en los colectivos.
Los tres juicios de amparo, presentados el 20 de enero de 2020, impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de Fonatur, para la construcción del tren.
Las comunidades argumentaron que por parte de las autoridades promotoras del proyecto hubo violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA.
Incluso argumentan que la violación al derecho a la información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación en las implicaciones e impactos ambientales del megaproyecto del Tren Maya, participación que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tercer argumento fue la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos.
Para conceder la suspensión, la jueza argumentó, según se lee en su resolución, que “dicha determinación (la autorización de impacto ambiental) implica un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y no solo de estos sino de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también se garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.
La juez señaló también que “se estima que es un tema de relevancia para la sociedad en general que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano.”
La determinación de la juez es solo para “la suspensión de trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales autóctonas de los territorios del Estado, hasta que se analice la procedencia de una suspensión con carácter definitivo”.
Estas nuevas suspensiones se suman a las que diversas comunidades de la península y de Chiapas (al menos otras ocho) han obtenido en contra del Tren Maya.
Abogados del Equipo Indignación precisaron que la resolución sobre si se concede o no la suspensión definitiva está fijada para emitirse el 22 y 26 de febrero, pero podría prorrogarse.

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