La auditoría sobre el NAIM opacó las irregularidades del primer año de AMLO


La controversia por el sobrecosto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que arrojó una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaparó la atención de la entrega del informe de la Cuenta Pública 2019, pero opacó otros hallazgos del ente de fiscalización.

De acuerdo con nueve auditorías de cumplimiento forense, en las que se hace un análisis pormenorizado y crítico de los procesos para la detección o investigación de un presunto ilícito, hay irregularidades por 3,321 millones de pesos (mdp) de seis dependencias federales pendientes de solventar, lo que equivale a tres veces el presupuesto para las Universidades del Bienestar Benito Juárez.

El informe dado a conocer el pasado 20 de febrero presentó observaciones por 100,914 millones de pesos, de las cuales 98,974 mdp, están pendientes de aclarar. No obstante, la discusión se centró en la discrepancia entre el gobierno federal y la ASF sobre la auditoría de desempeño realizada sobre la cancelación del aeropuerto.

Al principio el ente auditor señaló que la cancelación costaría 331,991 millones de pesos, cuando las estimaciones del gobierno federal eran de 110,807 mdp. El informe derivó en acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la ASF, al asegurar que estaban mal sus datos, lo que hizo que la ASF aceptara que esa auditoría tenía «inconsistencias». La respuesta del mandatario ante el reconocimiento fue acusar que la ASF intentaba dañar a su gobierno y pidió una investigación.

«Hay muchos otros temas que están implicados, que están señalados, de manera puntual con irregularidades claras en términos de gestión financiera y manejos de los recursos, y eso ha quedado relegado por la nota que se ha dado a los 331,000 mdp”, dice el abogado Luis Pérez de Acha, quien formó parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De las nueve auditorías de cumplimiento forense que se realizaron, la Secretaría de Cultura es la que tuvo el mayor monto de irregularidades, con 1,726 mdp, de los cuales aún falta por solventar 1,707.1, entre los que se encuentran 727.8 millones de pesos que se pagaron sin contar con la autorización correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y sin la documentación comprobatoria.

Estos recursos están en proceso de solventación por parte de la secretaria a cargo de Alejandra Frausto, quien señaló que está en espera del requerimiento formal para atender las irregularidades detectadas que sí podrían implicar un acto ilícito.

A estas se suman las siguientes:

  • 562 mdp de la Secretaría de Bienestar por el esquema de contratación de los Servidores de la Nación.
  • 367 mdp del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
  • 7 mdp de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, adscrita a la de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
  • 7 mdp de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la SEP.
  • 2 mdp de Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. (SEP).
  • 83 mdp Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
  • 1 mdp de Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
  • 1 mdp de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), de la SEP.

Todas esas anomalías detectadas están en proceso de aclararse, y a diferencia de lo encontrado en la auditoría de la cancelación del aeropuerto que ha acaparado la atención, que tiene un enfoque de desempeño y por ello, solo genera recomendaciones, las de las forenses de no solventarse, se convertirían en actos ilícitos, pues sí presumen irregularidades.

“La auditoría fue de desempeño, no de gestión, no se habla que haya irregularidad en tema de recursos”, añade Pérez de Acha sobre la polémica auditoria, al explicar que aunque la ASF solo emitió recomendaciones, hay consideraciones que llaman la atención, como que los estados financieros son inadecuados, le falta información y le faltan notas que permitan conocer cuáles son los costos en los que se ha incurrido.

Se realizaron otras auditorías al Grupo Aeropuertario del Pacífico de cumplimiento financiero y de cumplimiento referentes al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), impulsado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que arrojaron 19,298.5 mdp que están por aclarar.

La exauditora forense, Muna Buchain, cuestiona el enfoque que se le dio a la auditoría del costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, por el hecho de que las de desempeño no son vinculantes.

“Son auditorías que carecen de un enfoque que va a dirigido a ver un daño patrimonial sino que son dirigidos a revisar las operaciones, los programas, las operaciones entendidas como eficiencia y eficacia y buscar áreas de mejora o proporcionar información integral de cuál es finalmente la conclusión de un proceso”, detalla.

Para la especialista que investigó el caso conocido como la Estafa Maestra, “no se ha hecho una programación de auditorías financieras realmente a la administración y a todo el dinero, a las grandes empresas como Pemex o CFE, a todos esos ejercicios de recursos, fideicomisos, que es lo que se podría haber auditado”, indica.

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