La Cofece señala acuerdos ilegales para manipular los precios del gas LP


La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a diversas empresas y personas físicas por realizar acuerdos ilegales para manipular precios y repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país.

En un comunicado, el órgano de competencia señaló que, como parte del dictamen de probable responsabilidad (expediente DE-022-2017 y acumulado), tuvo conocimiento de hechos que probablemente constituyen prácticas monopólicas absolutas.

“De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores”, informó en un comunicado.

El gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país, pues 76% de las familias mexicanas lo consumen, advierte la Cofece, por lo cual los aumentos en sus precios tienen “un efecto regresivo importante en los hogares más pobres”, que destinan 3.5 veces más de su gasto a este energético que las familias de mayores recursos.

A partir de la investigación se determinó emplazar a los probables responsables e iniciar la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de la Cofece, para que los emplazados ofrezcan pruebas relacionadas con las imputaciones hechas en su contra.

Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la Cofece podrá dar una resolución.

De conformidad con la LFCE, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionadas con multas de hasta el 10% de sus ingresos. Adicionalmente, las personas físicas que las cometen pueden enfrentar un procedimiento penal que conlleva sanciones de entre cinco y 10 años de prisión.

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