DE PRESOS Y PERDONES


Por Luis Pinal Da Silva

La liberación de Héctor “El Güero” Palma de la prisión, no debe causar sorpresa, ya que esta determinación tuvo como base que al delincuente lo exoneraran las autoridades mexicanas del delito de delincuencia organizada.
La decisión de un juez, que no combatió el Gobierno Federal, llega días después de que el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que el presidente deja hacer todo a los cárteles de la droga al no combatirlos.
López Obrador insiste en defender su política de “abrazos no balazos”, creyendo que no es combatiéndolos, sino dando trabajo a sus sicarios, como resolverá la inseguridad, en un diagnóstico a todas luces equivocado, ya que la impunidad con la que operan ha provocado que los cárteles se apoderen de decenas de gobiernos municipales, proveyendo gobernabilidad criminal.
La penetración ya no es por la vía de plata o plomo, donde las autoridades, o colaboraban con los cárteles, o los mataban. Actualmente, como se ve en varias partes del país, los cárteles combinan sus actividades criminales con legales, controlando obra pública municipal, generando riqueza con el erario y desplazando a otros empresario.
Los cárteles de la droga han estado construyendo en las zonas del país donde cultivan, distribuyen o son vías para el trasiego, una relación política y empresarial orgánica.
Hasta la actual administración, ningún gobierno dejó de combatir a los cárteles. La creación de la Guardia Nacional fue una acción política de demolición de instituciones de anteriores gobiernos, pero no para mejorar lo hecho por la Policía Federal, sino para generar sólo la percepción de preocupación por la inseguridad.
Los cárteles de la droga han tenido un día de campo con el actual gobierno.
Un informe que llegó al Capitolio estadounidense el 2 de abril pasado sobre la situación del narcotráfico en México señala que durante el 2020, pese a la pandemia del coronavirus, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se expandieron y aumentaron su papel en la producción de drogas sintéticas, mientras se diversificaban e incrementaban el uso de submarinos, drones y criptomonedas.
Las advertencias de Estados Unidos sobre la falta de combate a los cárteles de la droga, han sido sistemáticas desde el año pasado, pero en México, desde el presidente hasta su gabinete, la respuesta ha sido prácticamente renuente.
El presidente considera que los programas sociales son el freno para los cárteles de la droga, al proveer una oportunidad a la gente, principalmente los jóvenes, de ganarse la vida sin arriesgarla.
Pareciera no entender que, al negarse a ver que la delincuencia no se resuelve con voluntarismo o actos de fe, propició la construcción de un narco-país al habérsele ido la seguridad de las manos.
Que los cárteles de la droga lleguen a apoderarse de la política, la economía, la cultura y de la sociedad en general, como se planteó hipotéticamente líneas arriba, no debe ser el destino de México.
Quizá falte poco, muy poco, para que la política del Presidente estalle ante la realidad y tendrá que cambiar, ya sea por decisión personal o porque desde Estados Unidos lo obliguen a que priorice a un Estado de instituciones y no uno bajo el yugo del narcotráfico.
Falta poco, posiblemente poco para que entienda que nada se resuelve no queriendo ver la forma en que se quema la pradera.

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