La ASF analiza ampliar auditorías tras 11 denuncias de presuntas irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) analiza el inicio de nuevas auditorías al ejercicio de recursos públicos federales como parte de la fiscalización de las cuentas públicas de 2019 y 2020, a raíz de once denuncias por supuestas irregularidades.

La ASF reportó, con corte al 31 de marzo pasado, la recepción de 17 denuncias, dos referentes a casos con revisión en curso dentro del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2019; cuatro acusaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y once más están en análisis técnico jurídico para dictaminar el inicio o no de las auditorías correspondientes.

Entre los asuntos denunciados están presuntas fallas en la compra de medicamentos, insumos y contratación de servicios de Salud durante 2020, el año de la pandemia, por lo que en las querellas se pidieron auditorías especiales a las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Respecto a la cuenta pública 2019 se denunció al IMSS, ISSSTE, la Sedena y Semar por el caso del procedimiento de adjudicación directa para la compra de 20 ventiladores respiratorios, caso en el que estuvo involucrada la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

De acuerdo al informe de la ASF sobre la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas entregados a la Cámara de Diputados y con corte al 31 de marzo, aún podría ampliarse el programa anual de auditorías en curso, derivado de la recepción de querellas.

Entre estas, se denunció y solicitó auditoría al Banco del Bienestar por presuntas irregularidades en detrimento de los recursos públicos federales durante 2019.

Existen dos acusaciones por supuestas anomalías en la aplicación de recursos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por la licitación pública nacional para la rehabilitación del Centro de Salud «La Venta» y diversas instalaciones deportivas en el municipio de Acapulco, Guerrero.

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